«Dentro de la más estricta legalidad, estamos dispuestos a que el
control del barrio esté en manos de quién tiene que estar». Con
esta rotunda afirmación, el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, se
refirió ayer al derribo de las vallas que habían sido colocadas el
pasado jueves en el barrio de sa Penya para luchar contra el
narcotráfico y a las acusaciones de ilegalidad de la medida
proferidas por algunos vecinos de la zona.
Fue una mañana ajetreada en el Consistorio. El alcalde recibió a
un grupo de vecinos disconformes con la medida, para reunirse a
continuación con el comisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP),
Àngel Marí, y manteniendo una comunicación telefónica constante con
la directora insular, Marienna Sánchez Jáuregui, quien se
encontraba en Madrid. El resultado de toda esta actividad fue la
reafirmación ante la medida de colocar tres vallas en los accesos
al barrio, así como la de incrementar la altura de la reja que
separa el barrio de una cueva habitualmente utilizada por los
toxicómanos.
La polémica estalló durante la noche del pasado miércoles,
cuando un numeroso grupo de vecinos arrancó las rejas y las lanzó
al mar, de donde ayer fueron recuperadas por los Geas de la Guardia
Civil, la Policía Local y operarios municipales. Tarrés comunicó
ayer que el Consistorio ha presentado una denuncia por los daños
ocasionados a esta propiedad municipal (el coste de las rejas es de
unos 12.000 euros) y se mostró firme, con el apoyo en el mismo
sentido del CNP y de la Dirección Insular, en la intención de ser
«contundentes» en el barrio y volver a colocar las vallas «en
cuanto sea posible». De hecho, un operario continuaba trabajanado
ayer en la verja que impide el acceso a la cueva.
Entre los puntos sobre los que más incidió Tarrés estuvo el de
la 'legalidad' de la medida, apuntando que «no ha sido vulnerado
ningún derecho de ningún ciudadano», para añadir a continuación que
lo que se busca es «garantizar la dignidad de los habitantes
cerrando un acceso para dar paso por otro. No hemos creado una
jaula». Yendo más lejos en este planteamiento, Tarrés negó que
hubiera riesgo en caso, por ejemplo, de incendio, puesto que,
además de haber otras salidas del barrio, la policía, que tiene las
llaves de las vallas, llegaría en escasos minutos al lugar.
Asimismo, el alcalde reconoció que no le gusta la idea de poner
vallas, «pero es la decisión de los técnicos de seguridad, que son
quienes tienen que decidir qué es lo mejor». «Ahora bien -matizó-,
si desde el CNP se nos dice que la medida no ha dado los resultados
esperados o que se ha fracasado habrá que buscar otro camino».
Respecto a la eliminación de las vallas, Tarrés se comprometió
públicamente a retirarlas inmediatamente «en cuanto haya un técnico
que diga que ya no son necesarias».
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