J. J. MonerriP.C.12/02/02 0:00
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La próxima vez que la Audiencia Provincial tenga que ver un asunto penal relacionado con Eivissa lo hará, como hacía antes, desplazándose a la isla sin más polémica. Ya no habrá más videonconferencias. Así lo manifestó el presidente del tribunal, Antoni Terrasa, quien ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía General ordenara a sus representantes en Balears a no comparecer en ninguno de estos juicios al entender que podrían vulnerar los derechos fundamentales.

El tribunal, que ayer debía haber conectado cibernéticamente con Eivissa para un caso de violación y otro de drogas aplazados forzadamente por la postura de los fiscales, no sólo va a suspender la media docena de videoconferencias que había fijado con la isla durante esta semana sino que también ha anunciado que no va a señalar ninguno más en el futuro. Antoni Terrasa confirmó a este periódico su decisión tras sopesar la postura de los fiscales y manifestó, con un talante claramente conciliador, que el sistema de videoconferencias se basaba en que la idea fuera aceptada «universalmente por todas las partes» que interviene en los procesos. Al negarse una de ellas, no deben tener lugar, según explicó.

Además, el máximo responsable de la Audiencia Provincial señaló que la negativa de los fiscales no iba a generar ni mucho menos tensión y que sus postura era del todo aceptada. Terrasa, sin embargo, precisó que estaba estudiando la instrucción de la Fiscalía General para entender plenamente en que se basaban los planteamientos del ministerio público.

Esta es la segunda vez, y ahora para suspender la iniciativa, que la Audiencia ha tenido que adaptarse a acuerdos exteriores. El propio Terrasa comunicó semanas atrás que no se iban a celebrar más videoconferencias por las tardes después de que los funcionarios de los juzgados de Eivissa mostraran sus quejas por el aumento del horario que ello iba a suponer y la ausencia de retribución por estos juicios. La Audiencia, entonces, comunicó que sólo habría «videovistas» por las mañanas. Para entonces, funcionarios, secretarios y fiscales ya habían elevado distintas consultas a los órganos superiores de Justicia.