El magistrado Juan José López Ortega, que fue presidente de la
Audiencia Provincial, se ve salpicado por el escándalo surgido a
raíz de que la sección cuarta de la sala de lo penal de la
Audiencia Nacional, de la que forma parte, decretara el pasado
sábado la libertad bajo fianza de cinco millones del presunto
narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría, que se ha dado a la
fuga. El Consejo General del Poder Judicial investigará las
circunstancias que rodean el caso.
La sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal
corrigió el jueves su decisión y dictó auto de prisión y orden de
busca y captura internacional contra Ruiz de Santamaría, después de
que la policía no lo localizara para asistir a una comparecencia
solicitada por la Fiscalía Antidroga, que pretendía que se
agravaran las medidas cautelares. La sala, que se basó en un
informe médico que señalaba que Ruiz de Santamaría padece un
transtorno de la personalidad que requiere tratamiento ambulatorio
para dictar su libertad, dice ahora que la conducta de éste,
«desconociéndose su actual paradero, implica, necesariamente, el
riesgo de fuga para así sustraerse a la acción de la Justicia», por
lo que procede ordenar la prisión sin fianza.
Ruiz de Santamaría es uno de los 38 procesados en la «operación
Temple» que la sección cuarta comenzará a juzgar el próximo 14 de
enero, y la Fiscalía Antidroga solicita para él 60 años de prisión
y el pago de una multa de 69.000 millones de pesetas al
considerarle uno de los responsables de una organización de
narcotraficantes colombiana que mantenía conexiones con grupos
radicados en España. El CGPJ informó en una nota de prensa que el
presidente del órgano de gobierno de los jueces, Francisco
Hernando, «ha ordenado con esta fecha la apertura de una
información previa por el Servicio de Inspección del propio Consejo
sobre las circunstancias que han determinado la producción de estos
hechos».
Además, fuentes de la Fiscalía Antidroga aseguraron que este
órgano remitió ayer al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal,
al que ya se había informado telefónicamente de lo ocurrido, una
comunicación escrita para que tenga conocimiento de los hechos y
adopte las medidas que considere oportunas. El pasado sábado, los
magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero
firmaron un auto por el que estimaban el recurso de súplica del
presunto narcotraficante contra la prórroga de su prisión
provisional y se acordaba su libertad bajo fianza de cinco millones
de pesetas, que fue depositada ese mismo día, fecha desde la que no
se han vuelto a tener noticias del procesado.
El tribunal, que ordenaba también al presunto narcotraficante
comparecer quincenalmente en el juzgado, se basó en el informe de
un médico psiquiatra de la prisión madrileña de Valdemoro, donde
Ruiz de Santamaría permanecía encarcelado desde el 9 de julio de
1999, que señalaba que éste padece un «trastorno bipolar de la
conducta» para el que recomendaba tratamiento ambulatorio. La
Fiscalía Antidroga, que se había opuesto a la excarcelación y que
no tuvo conocimiento de ésta hasta el lunes, pidió el jueves una
comparecencia del procesado para solicitar un agravamiento de las
medidas cautelares.
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