Los vecinos afectados por el derrumbe del edificio de Viajes
Barceló en Can Escandell, ocurrido el pasado sábado por la mañana,
han decidido interponer, a través de sus abogados, una denuncia por
los daños ocasionados por el desplome ante los juzgados para que se
instruyan las diligencias previas que determinen si lo sucedido es
constitutivo de delito.
A esta denuncia puede sumarse otra en el futuro, procedente en
este caso de la Conselleria de Treball del Govern balear. Su
titular, Eberhard Grosske, ha solicitado a la Conselleria d'Obres
Públiques un informe técnico que determine las causas del
siniestro. Según Grosske, los trabajadores de la obra se
encontraron frente a «un grave peligro», ya que el edificio se vino
abajo segundos antes de que accedieran al mismo. Si se encuentran
indicios de delito, el informe será remitido a la Fiscalía para su
trámite.
Mientras, los vecinos recibieron ayer la comunicación de
desalojo del edificio emitida por el Ayuntamiento de Eivissa. En la
misma se les insta a «mantener desocupado la totalidad del bloque»,
lo que incluye ocho viviendas y tres locales comerciales. Los
ocupantes de los pisos optaron ayer por la mañana por retirar el
máximo de bienes posibles de sus hogares. Coches y camionetas
fueron utilizados para transportar ropa y enseres e incluso muebles
y electrodomésticos.
Por otra parte, el Ayuntamiento concretó ayer el realojo de las
familias en unos apartamentos de Platja d'en Bossa, ya que el
establecimiento hotelero de Eivissa en el que se alojan desde el
lunes debe ser abandonado antes de mañana. El Consistorio ibicenco
se ha comprometido con los vecinos afectados a costear el
alojamiento en estos últimos apartamentos durante un mes. Santiago
Pizarro, concejal de Bienestar Social, señaló que dicho intervalo
de tiempo es el estimado por el equipo de gobierno para «encontrar
una solución al problema».
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