El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ) ya tiene
conocimiento oficial de la queja presentada por la delegación
ibicenca del Colegio de Abogados por la supuesta «desconsideración»
que dicen sentir un amplio grupo de letrados de tres jueces y dos
secretarios judiciales de la isla. Al TSJ también se le mandó el
acuerdo adoptado por los jueces de Eivissa en la junta que
celebraron a raíz de las acusaciones vertidas por los abogados.
Así lo confirmó ayer el presidente del TSJ, Angel Reigosa, que
manifestó que la situación generada en Eivissa entre jueces y
abogados será uno de los órdenes del día que se verán en la próxima
reunión de la Sala de Gobierno.
Reigosa se limitó a dar esta información a preguntas de este
periódico, pero en ningún momento quiso entrar a valorar la
situación generada entre los profesionales de la judicatura y de
los de la abogacía. Por esta razón, el presidente del TSJ se
remitió directamente a lo que ocurriera en la reunión que había
prevista.
El presidente del Colegio de Abogados de Balears, Lorenzo Ros,
por su parte, adoptó igual postura a la que tuvo días atrás el
responsable de la delegación ibicenca, Enrique Vicent Marí. Ros
minimizó el alcance de la polémica y la atribuyó a «situaciones
especiales» que pueden producirse entre determinadas personas, pero
«sin afectar a los colectivos», señaló. En este sentido, Enrique
Vicent Marí declaró días atrás que todo debía verse como «rencillas
de familia» y en todo momento intentó restar importancia al escrito
acordado por los abogados en la junta extraordinaria que celebraron
a principios de mayo. Días después, en concreto el pasado martes,
vino la respuesta de los jueces tras una junta que se celebró con
este único punto del día. De ésta se deduce que el escrito de los
abogados no sentó nada bien dentro de los magistrados afectados y
que éstos manifestaron sus propósito de emprender acciones legales.
Para ello, los jueces, en un acuerdo que no se adoptó por
unanimidad, apoyaron respaldar a los magistrados afectados, a los
que consideraron «indefensos» por la «generalidad, inconcreción e
indeterminación»de las acusaciones de los letrados, en las acciones
que emprendieran para conocer hechos y personas concretas.
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