La Audiencia Provincial resolvió ayer la causa que se abrió en
abril de 1991 contra la que fuera jefa del negociado del servicio
de giro y contabilidad de Correos en Eivissa, Rosa María
Villalvilla Ocaña, procesada por apoderarse de cantidades que en su
conjunto superaban los tres millones de pesetas y que estaban
destinadas al pago de subsidios asistenciales procedentes del Fondo
Nacional de Asistencia Social. La acusada ocultó en la mayoría de
los casos que los destinatarios habían fallecido. En este sentido,
cerca de una treintena de personas constaban como muertas meses o
semanas antes de la llegada de las ayudas.
Villalvilla Ocaña, condenada ya en 1993 por otro delito de
malversación de caudales públicos a pagar 333.000 pesetas, aceptó
ayer ante el tribunal devolver los tres millones que se quedó, la
inhabilitación absoluta por seis años y una condena de tres años de
cárcel, pena que queda pendiente de una tramitación de indulto
parcial que rebajaría hasta un año la condena penitenciaria. La
razón de esta rebaja, por hechos en los que en principio se pedían
penas muy superiores, está paradójicamente en los perjuicios
ocasionados a la imputada por la dilación del proceso. La propia
fiscalía se hizo eco de que la instrucción sufrió interrumpidos
periodos de inactividad sin que la acusada se sustrajera de la
acción de la justicia o hubiera mantenido una conducta
obstaculizadora. Tampoco existe ninguna justificación por la
tardanza al no revestir especial complejidad la investigación. Esta
demora ha conllevado -según este parecer- la vulneración del
derecho fundamental a un procedimiento sin dilaciones indebidas,
derecho que la propia ley recoge. Villalvilla Ocaña compareció ante
la sala reconociendo que desde mediados de 1987 a finales de 1990
se apropió de una larga lista de pagos que fue haciendo efectivos
fraudulentamente en su beneficio mes a mes.
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