Los dos jueces a los que compete la investigación de las
desapariciones del abogado de Santa Eulària Antonio Ferrer Juan y
alemán residente en Santa Agnès Thomas Egner, ocurridas
respectivamente en diciembre de 1997 y enero de 1998, han ordenado
el archivo provisional de ambas causas después de que las gestiones
practicadas no hayan arrojado ningún resultado concluyente. El
ministerio público, en este sentido, pidió esta medida al
considerar que no había ninguna prueba, pese a los indicios, que
ligaran ambas desapariciones a la figura de Juan Torres Serra, el
«Pirata» o «Rotavella», el hombre que hasta la fecha figuraba en el
centro de todas las pesquisas.
La acusación particular, sin embargo, considera que la
investigación no está ni mucho menos agotada y que todavía quedan
por ahondar en detalles de los que se pueden extraer alguna pista
que resulte reveladora y que no deje sin aclarar las dos extrañas
desapariciones. El caso, de esta manera, no está del todo cerrado
al estarse aún pendiente de un recurso de reforma presentado por la
representación legal de las familias de Ferrer Juan y Egner y en
último extremo que un nuevo dato o la aparición de un testimonio
permita reabrir al menos uno de los casos, hasta ahora visto
separados pese a que en su día se pidió que fueran tramitados en un
mismo caso, tal y como informó este periódico.
Tanto el responsable del juzgado de Instrucción número 1 de
Eivissa, Juan Carlos Torres, como el del número 6, Santiago
Pinsach, -encargados cada uno de ellos de supervisar de manera
separada las indagaciones sobre Antonio Ferrer Juan y Thomas Egner-
han decidido que no es preceptivo la acumulación del sumario, un
hecho que había solicitado la acusación particular al entender que
ambos casos debían de ser investigados por un mismo juez por las
numerosos indicios y coincidencias que llevaban de igual modo hasta
la figura del «Pirata».
El propio fiscal reconoce en el escrito judicial en el que,
entre otras se pide el archivo provisional, que existen «una serie
de datos» y «sospechas sobradas» que apuntan a la persona de Torres
Serra en el caso concreto de la desaparición del abogado de es
Canar y cita visitas a domicilios, así como posibles relaciones
económicas o jurídicas. Sin embargo, arguye que todo ello no
permite inducir «racional, lógica y empíricamente» -de conformidad
con la doctrina judicial concluir que el imputado Torres Serra haya
ejecutado acto alguno contra el desaparecido del que, se precisa,
aún no se sabe si está vivo o muerto. Todas las sospechas que
existen indican esta última probabilidad, vista su grave dolencia
cardiaca.
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