El abogado valenciano Víctor Soriano es conocido en Ibiza por ejercer la defensa del caso penal del futbolista Marco Borriello por las obras en su mansión de Es Cubells, pero en pocos años se ha convertido en uno de los letrados de referencia para en urbanismo en la isla blanca. A principios de marzo, su despacho, la firma Soriano i Piqueras, realizó una multitudinaria presentación en la azotea del Gran Hotel Montesol, en el paseo Vara de Rey, que acogió a más de un centenar de personas, para tratar las novedades del urbanismo de Ibiza, entre ellas avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Josep de Sa Talaia, que se encuentra en exposición pública hasta el próximo 8 de abril.
Soriano, que defiende a algunos de los principales propietarios de suelo en el municipio, ha afirmado en un encuentro organizado por su despacho que «entendemos las razones que llevan al Ayuntamiento de Sant Josep a proponer este plan general, pues la situación urbanística de su municipio es muy compleja y lleva muchos años de desmanes a los que hay que poner orden, el gobierno municipal tiene un gran reto por delante» pero, advierte, «no podemos tolerar decisiones arbitrarias en materias como la clasificación del suelo urbano, que tiene carácter reglado, o que se ignore la exigencia legal de concluir las actuaciones urbanísticas con los servicios y dotaciones».
La principal preocupación de los clientes de Soriano i Piqueras es la desclasificación de suelo que tradicionalmente se había considerado urbano, lo que se hace, según el abogado, «de forma totalmente arbitraria, incumpliendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el poder normativo de lo fáctico y el carácter reglado del suelo urbano». Apunta, además que «no es posible que ante una misma situación material, dos parcelas que tienen exactamente los mismos servicios urbanísticos, una se mantenga como suelo urbano y otra sea desclasificada como suelo rústico, si eso se mantiene en la versión definitiva del plan que se apruebe lo recurriremos ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears para que se declare nulo, tenemos argumentos sobrados para ello».
El abogado advierte de la necesidad de intervenir en la fase de avance para aquellos propietarios potencialmente afectados por el Plan: «nos consta que el Ayuntamiento tiene una actitud propositiva y conciliadora, ahora es momento de hacer propuestas que puedan mejorar y corregir los errores del documento para evitar que haya un perjuicio tanto para propietarios como para el interés público en un futuro pleito, por lo que es importante formular alegaciones».
Preguntado sobre la situación actual de los propietarios que se encuentran con procedimientos por delitos urbanísticos o infracciones con sanción millonaria, Víctor Soriano, que lidera la defensa de los procesos penales urbanísticos más sonados de España, es tajante «los casos de delito urbanístico que se dan en Ibiza y, en particular, en Sant Josep, son algo inaudito en el resto de España, se trata de una auténtica persecución por parte de la Fiscalía, que luego ni siquiera se presenta a las declaraciones. Hay que actuar con cautela pero con firmeza ante lo que a todas luces es desproporcionado».
