Nuevo varapalo judicial para el PSOE ibicenco: rechazan sus medidas cautelares contra las legalizaciones en rústico

En un auto del 12 de febrero, la jueza Cristina Pancorbo desestima la petición de suspensión del acuerdo de los socialistas ya que «no se ha acreditado por los recurrentes el periculum in mora» referentes a la inseguridad jurídica de los ciudadanos, es decir, el supuesto riesgo existente de no tomar las medidas cautelar que reclama el PSOE de Ibiza. «No supone perjuicio alguno porque las construcciones ya están hechas, se legalicen o no», apunta la jueza en su auto. E insiste en que «no se observa que la situación sea perentoria», ya que la aprobación por parte del pleno del Consell d’Eivissa «implica autorizar para iniciar un procedimiento que es a instancia de parte y competencia de los ayuntamientos, debiendo iniciarse la tramitación de un procedimiento en el que analizar caso por casi si le es de aplicación el procedimiento extraordinario o no».

La jueza también descarta que exista una nulidad de pleno derecho manifiesta, «sino que el objeto de este procedimiento es analizar precisamente las causas de nulidad de la resolución que se impugna».

Los socialistas llevaron la amnistía a los juzgados argumentando que es una medida «que supone premiar a los infractores y a los especuladores, tendrá un grave impacto ambiental y urbanístico en la isla y que se adoptó de forma arbitraria, con una total falta de justificación y motivación y contraviniendo, no sólo las leyes autonómicas del suelo y de protección del territorio, sino también la legislación básica estatal».

Según la portavoz de los socialistas en el Consell d’Eivissa, Elena López, «es una norma destinada a premiar a quienes lo han hecho mal. Premia y fomenta la comisión de infracciones urbanísticas. Un efecto llamada a seguir infringiendo, con ese mensaje que da el PP de ‘más adelante ya te lo arreglaré’».

El PSOE también solicitó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Gobierno dio el visto bueno a la legalización de viviendas y otras construcciones en suelo rústico después de que el Govern balear se comprometiera a no extender esta medida en suelo urbano o urbanizable, algo que, en cualquier caso, tampoco se había planteado. Un acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta Bilateral entre ambos gobiernos y que quedó recogido en el BOE a principios de este mes de febrero.

Para el PP de Ibiza, con el acuerdo alcanzado con el Govern el Gobierno de Pedro Sánchez «ha desautorizado a los socialistas ibicencos y su estrategia de judicialización de todo».

«El ridículo de Elena López y la omnipresente Pilar Costa anunciando las plagas de Egipto y recursos contra lo que ahora Pedro Sánchez reconoce que es constitucional no tiene precedentes», apuntaron los populares ibicencos la semana pasada.

En cuanto a la amnistía urbanística, desde el PP consideran que los socialistas «ignoran el problema en el que se encuentran cientos de familias y pequeños propietarios ibicencos que quieren legalizar sus hogares. El PSOE busca esconderlos bajo una piedra y el PP pone soluciones con impacto cero en el territorio».