La ley se ha aprobado este lunes en el Parlament.

El pleno del Parlament balear aprobó ayer la ley que permitirá limitar la entrada de vehículos a la isla de Ibiza a partir del próximo verano. Una nueva normativa que entrará en vigor una vez se publique en el BOIB y que se empezará a aplicar en junio de 2025. «Es una ley excepcional para momento excepcional. Afrontamos nuevos retos sociales y ambientales que son consecuencia de la gestión de las crisis provocada por el éxito de un destino turístico que tiene claro que hay que trabajar para conseguir un equilibrio imprescindible entre turismo y calidad de vida para los residentes», apuntó el diputado y presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, en la cámara autonómica. «El desafío es grande y no ausente de dificultades, pero el momento es ahora: estamos ante una oportunidad que no podemos dejar escapar», insistió Marí.

Esta nueva normativa otorga las herramientas jurídicas para limitar la entrada coches de alquiler y de caravanas y autocaravanas a Ibiza.

Para los socialistas, la aprobación de la ley «es un paso adelante pero, no nos engañemos, es un granito de arena entre tantas medidas que desde el PSOE pensamos que se tendrían que tomar de cara al decrecimiento que necesitan nuestras islas». La diputada Pilar Costa señaló que es necesario eliminar las 9.000 plazas turísticas que ahora mismo están congeladas por una moratoria y que hay que reducir las existentes además de que el puerto de Sant Antoni continúe sin actividad comercial.
Para los socialistas, hay tres cuestiones fundamentales que se han incluido en la ley, como son la creación de un consorcio de movilidad en Ibiza, que la ley afecte a todo tipo de vehículos y que se aplique a partir de junio de 2025.

No obstante, Pilar Costa lamentó las declaraciones hechas por el Consell d’Eivissa en las que se señalaba que las medidas se aplicarían de forman progresiva.
Sobre esta cuestión, Vicent Marí puntualizó que la aplicación será progresiva porque «sería osado decir que estará todo hecho en una fecha determinada».


VOX, en contra

La nota discordante la protagonizó VOX, cuyos diputados votaron en contra de la aprobación de una ley que consideran «un claro ataque a las libertades de los ciudadanos y una medida propia de un régimen totalitario», en palabras de la diputada Patricia de las Heras.

La diputada ibicenca acusó al PP de «copiar el discurso más turismofóbico de Armengol». «No porque aplique la norma el PP deja de ser menos comunista».

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Según De las Heras, el PP ha asumido «el ideario de la izquierda» y, con esta proposición de ley, «ataca al turismo».

En respuesta, Vicent Marí aseguró que no entiende las «dudas» de Vox con «algo tan básico como controlar y gestionar acciones que comprometen el futuro de Ibiza». «Cuando el vaso está lleno y no cabe más agua. Esto es lo que está pasando en Ibiza», le respondió a la diputada de VOX, agregando que las políticas de control y gestión «no tienen color ideológico».

La norma aprobada ayer aborda la limitación de entrada de todo tipo de vehículos a motor y se limita la circulación en determinados espacios públicos, incluso estacionamientos, siendo el Consell d’Eivissa el que marque periodos con excepciones específicas y diferenciales.

También la institución insular marcará el techo de vehículos, que se aprobará de forma anual o bianual con una cuota para residentes de Formentera. Igualmente, la ley facultará a la institución insular para crear un distintivo y marcar aquellos vehículos exceptuados y contemplará medidas relacionadas con el fomento del transporte público.

Vicent Marí hizo hincapié en que de las 103 enmiendas presentadas, el 93 por ciento han sido aprobadas, transaccionadas o retiradas, una cifra que «demuestra el alto grado de consenso».
Al pleno en el Parlament han asistido funcionarios del Consell d’Eivissa responsables de la redacción y de los estudios que han permitido la aprobación de esta ley, así como el vicepresidente primero de la institución ibicenca, Mariano Juan, y los portavoces del PSOE y Unidas Podemos, Josep Marí Ribas y Óscar Rodríguez.

Esta ley se empezará a aplicar seis años después de que Formentera comenzara a limitar la entrada de vehículos a la isla, una medida pionera a nivel estatal.