Desde la Fundación Adaba señalaron que, tras elaborar el Plan Integral de Actuación, se desarrollan los objetivos que se marcarán en el futuro. «Este trabajo lo articulamos de manera individualizada y en función de tres niveles como son el nivel reducido, el nivel medio y el nivel intensivo», añadió la trabajadora social Susana Rodríguez, resaltando que, tras una evaluación, la persona es integrada en un nivel u otro de intervención con el objetivo de cumplir las medidas de apoyo judiciales.
«Los niveles se hacen teniendo en cuenta las medidas de apoyo por sentencia judicial que necesita cada persona para favorecer su atención. Cada caso es individual y cada usuario necesita una ayuda según la sentencia», destacó. Hay que señalar que desde la reforma que eliminó la incapacitación judicial en 2021, se contemplan dos tipos de medidas judiciales de apoyo: la curatela y la defensa judicial. Una reforma legal que, según la directora de Aldaba Suport Baleares, María Robaina, quiere que el usuario se tenga siempre en cuenta. Explicó que la tutela era consecuencia de un proceso de incapacitación que permitía a un tutor sustituir a la persona discapacitada en la toma de decisiones, mientras que la curatela representativa ofrece un apoyo y tiene en cuenta todo lo que dice el usuario.
En este sentido, Susana Rodríguez agregó que es el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ibiza el que determina las nuevas curatelas. «El juzgado lo que hace es un traje a medida, valora toda la información y las entrevistas realizadas para determinar el tipo de ayuda que necesita la persona. Tras la reforma, las personas que se encargan de las medidas de apoyo se centran en buscar recursos que el usuario quiere, y siempre contando con su opinión sobre lo que necesita», afirmó María Robaina, subrayando que actualmente las sentencias judiciales son muy largas porque van punto por punto y los casos y el trabajo son muy personalizados. «Por ejemplo si la curatela se establece para una persona con un deterioro cognitivo que vive en una residencia de la isla, las medidas de apoyo están enfocadas en la compra de ropa y en el acompañamiento a las citas médicas. En otros casos, podemos darles una serie de apoyos para que puedan seguir viviendo en sus viviendas», subrayó Susana Rodríguez, mientras María Robaina puntualizaba que las sentencias judiciales de medidas de apoyo se revisarán de oficio cada tres años. «También es verdad que si nosotros, o el propio médico, detectamos que el usuario ya no necesita estos apoyos se puede recurrir al Juzgado para finalizar esta medida formal de apoyo», informó esta profesional, quien también valoró cómo el concierto con la Conselleria de Asuntos Sociales, «nos permite gestionar un total de 450 casos en Baleares».
«Existe una coordinación fluida con los técnicos que permite realizar un seguimiento oportuno, así como el apoyo constante que recibimos en la utilización de los recursos de que disponemos. Este apoyo y este concierto nos posibilita trabajar con un enfoque óptimo y seguro en todos los casos que tenemos en las Islas», puntualizó, resaltando la evolución de la entidad en Baleares. Hay que señalar que Albada se fundó hace más 20 años en las Islas, y en Ibiza tan sólo empezó con tres casos en 2003. Un recorrido de mucho trabajo que, según explicó Susana Rodríguez, ha supuesto que con los años se incrementara con más recursos la capacidad de respuesta ofrecida por la entidad en la isla.
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