La vuelta de los ferris a la bahía de Portmany, un lastre para el turismo, la biodiversidad y la convivencia en el entorno del puerto

El primero en responder con rotundidad ha sido la máxima autoridad política de la isla, el presidente del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Marí, que ha señalado que el establecimiento de una nueva
línea marítima «no está en la hoja de ruta» de la institución que preside, especialmente ahora que «se trabaja en una iniciativa legislativa para regular la llegada de vehículos en determinados momentos del año, sobre todo en los meses centrales de la temporada».
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, también ha lamentado que la iniciativa de Baleària se haya hecho sin consultar a las instituciones involucradas y también ha expresado su «malestar» por la situación generada.

La Asociación de Hoteleros de Sant Antoni y la Bahía, asimismo, ha recordado que sus asociados ya votaron en contra del regreso de los ferris a Sant Antoni, añadiendo que «la llegada de turistas al municipio y a la bahía de Sant Josep ha sido igual de positiva», con datos de ocupación satisfactorios, por lo que «no vemos motivo para volver a reanudar la llegada de estos barcos a Sant
Antoni».

En los mismos términos se ha expresado la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni, cuyo presidente, Joan Ribas, ha dicho que sus asociados pensaban «que ya no volvería a existir este tráfico», al tiempo que también hablaba de «sorpresa» y «malestar» por la iniciativa de Baleària. También se han manifestado en contra, a través de los medios, distintos vecinos de la bahía, sin que hasta la fecha nadie se haya expresado en términos favorables.
Todas estas opiniones se suman a otras vertidas por personalidades relevantes de la política, la cultura y la sociedad de Portmany, recopiladas por Salvem sa Badia en los últimos años. Entre
ellas, de políticos de tendencias tan diversas como los ex alcaldes de Sant Antoni Vicent Marí Prats, Estanyer; Antoni Marí Tur, Botja, o José Tur Torres, Cires, y también el empresario Pepe Roselló; el historiador y político Marià Torres; el hotelero Rafel Marí; el presidente de la Asociación Náutica de la Pimeef, Ramón Díaz, el profesor y político Fran Tienda o la catedrática de Ecología Marina Cristina
Linares. La Cofradía de Pescadores de Sant Antoni manifestó en su momento
cuáles son las consecuencias negativas de estos buques y hasta los plenos de Sant Antoni y Sant Josep votaron a favor de prohibir su regreso, al igual que también hizo el Comité Ciudadano de Sant
Antoni, donde están representados la mayor parte de los estamentos sociales
y económicos.

Argumentos inciertos de Baleària

Aun así, la compañía Baleària, en palabras de su presidente, Adolfo Utor, ha respondido que pretende llevar adelante esta línea si se le autoriza, escudándose en una serie de argumentos fácilmente desmontables. Por el contrario, ni él ni nadie de su compañía ha pedido públicamente disculpas por haber iniciado la venta de billetes. Tampoco se ha pronunciado al respecto nadie del Govern balear, incluido el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antonio Mercant, que hasta el año pasado fue responsable de Relaciones Institucionales de Baleària. Utor ha dicho que dicha línea permitiría liberar la saturación que a su juicio, registra el puerto de Ibiza por las operaciones de embarcaciones privadas y cruceros. Sin embargo, en febrero de 2022, cuando ya se empleó el mismo argumento para justificar el regreso de los ferris, desde la Conselleria de Transportes
se negó que fuera cierto que el puerto de Ibiza estuviese saturado, añadiéndose que contaba con las instalaciones suficientes para atender la demanda y nadie ha aportado hasta la fecha un solo dato que refleje que esta infraestructura padece síntomas de colapso y tampoco constan incidencias por retrasos atribuibles a saturación en es Botafoc, donde se acaba de inaugurar una nueva estación marítima que amplía las instalaciones hasta ahora existentes.

Otro argumento sorprendente por parte de Adolfo Utor es que «la movilidad es un derecho fundamental de las personas». También son derechos fundamentales la economía turística con la que se ganan la vida los vecinos de la bahía y que entra en conflicto con la presencia de tráfico comercial, la seguridad de los jóvenes que quieren practicar el deporte de la vela o la piragua en la bahía sin riesgos, la tranquilidad de los vecinos que no quieren sufrir atascos ni ruidos excesivos o unas condiciones ambientales adecuadas en la bahía de Portmany, gravemente amenazada. Máxime cuando ese derecho a la movilidad está garantizado a través del puerto de Ibiza. De hecho, desde que no llegan ferris a Sant Antoni se han registrado los mayores récords de movimientos de pasajeros por vía marítima a la isla.

El presidente de Baleària ha aludido también a que una nueva línea a Sant Antoni contribuiría a «redoblar la apuesta por la conectividad marítima sostenible», dado que «el puerto de Sant Antoni es el más próximo a la Península, lo que supone travesías de menor duración y menos consumo de combustible». Por el contrario, no ha dicho que, al continuar después la línea a Mallorca, el gasto de
combustible acaba siendo el mismo que si se hace escala en el puerto de Ibiza, ya que el recorrido total es similar. Y en caso de que la línea no continuara hacia Mallorca, hay otras muchas razones que demuestran que los ferris en Sant Antoni atentan contra los criterios más básicos de sostenibilidad.

Durante sus maniobras, remueven los lodos del fondo y entierran la posidonia, afectando a su supervivencia y empeorando ostensiblemente la calidad del agua de la bahía. Un estudio realizado por una consultora ambiental independiente demuestra que se ha perdido el 50% de la vegetación submarina del interior de la bahía en veinte años y que en la zona de maniobras de los ferris han desaparecido por completo cuatro hectáreas de pradera de posidonia.

También ha explicado Utor que, «si hablamos de medio ambiente, cabe recordar que cada pasajero que utilice el barco como medio de transporte en detrimento del avión estará contribuyendo a la lucha contra el cambio climático».

Cierto, pero los pasajeros tienen a su disposición las líneas que ya operan con el puerto de Ibiza y, además, se trabaja para limitar la llegada de vehículos para desaturar las carreteras.

La peor solución

Baleària ha elegido la peor solución para tratar de regresar a Sant Antoni. Ha solicitado operar con el Cecilia Payne, que tiene 86 metros de eslora, lo que supone sobrepasar en un 32% las dimensiones máximas permitidas hasta la fecha por Ports IB (65 metros), y además hacerlo con uno
de sus buques más contaminantes. Dicha compañía tiene embarcaciones que sí se adaptan a las limitaciones actuales, como el ferri Nixe (63 metros). Además, Baleària recientemente ha incorporado buques menos contaminantes a su flota, con motores que funcionan con gas licuado. De esta forma, podría haber preparado una embarcación sostenible y que cumpliera con las medidas impuestas por Ports IB.

En todo caso, con independencia de sus dimensiones, el regreso de los ferris provocaría los mismos atascos de tráfico de antaño y se mantendrían las nocivas consecuencias ambientales para la posidonia
y la biodiversidad marina.

Seguridad Marítima

Baleària tampoco ha aludido en ningún momento a los problemas de seguridad que plantea la llegada de un ferri como el Cecilia Payne. Los problemas que se generan son constantes, y socorristas,
pescadores y bañistas han denunciado insistentemente el peligro que supone la llegada de estas grandes embarcacion esa una zona turística como la bahía. Las olas generadas han provocado caídas al mar desde embarcaciones y la costa, así como todo tipo de inconvenientes en playas como Caló des Moro, donde los bañistas tenían que retirarse de la orilla cada vez que el ferri entraba o salía.
Conviene recordar también sucesos como el embarrancamiento del ferri Pinar del Río, en junio de 2018, junto al espigón del puerto, poniendo en una grave situación de estrés e incertidumbre a los
175 turistas y residentes que viajaban a bordo, y con el riesgo añadido de un posible vertido de hidrocarburos, que habría significado el cierre de las playas de la bahía toda la temporada. Dicha embarcación tiene 74 metros de eslora, doce menos que el Cecilia Payne. A diferencia del puerto de Ibiza, el de Sant Antoni no tiene práctico ni otras medidas que contribuyan a mejorar la seguridad.
Falta de argumentos e inversiones Desde Salvem Sa Badia, el pasado febrero, se solicitó por escrito a Ports IB y al Ayuntamiento de Sant Antoni que aclarasen las ventajas y desventajas que supondría la reapertura del puerto a los ferris y aún no se ha recibido respuesta.

Además, cuando Ports IB reabrió el puerto a ferris de hasta 65 metros de eslora, su Consejo de Administración aprobó en paralelo (mayo de 2021), un conjunto de medidas «para la mejora de la calidad ambiental en la bahía de Portmany» que representaban una inversión de 3,1 millones de euros, de las que Salvem sa Badia, por el momento, no tiene constancia. Entre ellas, el control de la velocidad de entrada de embarcaciones al puerto, la instalación de una red de sensores para evaluar la calidad del aire y el ruido generado, un programa de vigilancia periódica de la calidad del agua y otro del estado de la posidonia, etcétera.
Por todas estas razones, no se encuentra un solo argumento que justifique no ya el regreso de una línea regular con un ferri de 86 metros de eslora, sino de cualquier otro de 65 metros como máximo, dado que dichas inversiones no se han acometido en su gran mayoría.