Los tres investigados comparecieron en sede judicial en octubre del año pasado. Según el auto del juez, «dieron explicaciones consistentes y suficientes sobre su relación con los hechos que se investigan». Cinco meses después, «tras valorar la abundante documentación recabada durante año y medio de instrucción y las demás testificales practicadas, no se ha revelado indicio racional alguno sobre su participación en posibles irregularidades en el contrato de promoción turística», añade el juez instructor.
Además, señala que «tampoco hay en la causa dato alguno que indique que los tres investigados mencionados favorecieran a determinadas personas en la contratación realizada en verano de 2020 por el Consell».
Vicent Marí, a la espera
En cuanto a la situación del presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, a quien se investiga por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones, el juez instructor destaca que «en este momento no es posible pronunciarse sobre su participación en los hechos», ya que está a la espera de que la Audiencia Provincial resuelta varios recursos de apelación presentados por la acusación particular y popular.
Vicent Marí ha reiterado en numerosas ocasiones que este proceso judicial «es un montaje del Partido Socialista». El caso llegó a los tribunales después de una denuncia de los socialistas ante la Oficina Anticorrupción de Baleares, que no quiso tomar declaración al presidente del Consell d'Eivissa y envió el asunto a la Fiscalía. «Yo he hablado y he dicho lo que tenía que decir donde lo tenía que decir, por lo que estoy muy satisfecho de que haya llegado este día y haber podido aportar mi versión», señaló Vicent Marí tras declarar ante el juez en junio de 2023.
La Fiscalía Anticorrupción presentó en septiembre de 2022 una querella contra Vicent Marí por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación del vídeo ‘La vida islados', un encargo que se realizó a la empresa Fuera de Escena Ibiza SL a dedo y por un importe de 250.000 euros, algo que según el Fiscal hizo el presidente por «la posible relación personal» con la que era administradora única de dicha sociedad, Míriam Juan, concejal del PP de Santa Eulària entre 2007 y 2011 cuando Marí era alcalde del municipio.
7 comentarios
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Que esperáis de un juez, valencianet y pepero hasta la médula…😡😡😡😡😡😡
JuantxoLos políticos peperos siguen con la inmunidad de los Jueces 😡. Si lo hubiesen juzgado en Palma ya estaría como su amigo Cardona
Salvar al soldado Marí.....
Mucho ruido y pocas nueces...
Un concurso de la administración necesita como mínimo más de un año para ver la luz. Retroceder 4 años y recordar cómo estábamos, encerrados sin transportes etc. La publicidad se realiza cuándo realmente hace falta. Todo lo demás es tirar dinero a la basura y de esto hay algunos políticos muy aficionados en Ibiza.
Menudo tinglado tienen montado en el Consell!!!!!! Entre altos cargos y algún que otro funcionario agradecido de las cuantiosas productividades que perciben mensualmente 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️. La justicia os perdonará, pero la historia NO…
Fue legal? sí. Fue correcto? No.