Todos los ayuntamientos de Ibiza exigen financiación para aplicar la Ley de Bienestar Animal

El de Santa Eulària fue uno de los primeros consistorios en reconocer públicamente los problemas detectados a la hora de cumplir con la nueva normativa, asegurando compartir los objetivos generales de una ley que, según lamentaron también, presenta lagunas en cuanto al desarrollo normativo necesario para su aplicación. Fuentes municipales consideraron que, a pesar de las «grandes» cargas y responsabilidades que la normativa vuelca sobre los ayuntamientos, no se incluyen líneas de financiación por parte del Gobierno central. En este sentido, en el pleno de enero el Grupo Popular en Santa Eulària planteó una moción para reclamar una dotación de medios destinada a la aplicación de la ley.

El Ayuntamiento avanzó además que trabaja en la realización de un censo de las colonias felinas con el objetivo de poder definir las medidas más adecuadas para darles una cobertura real y adaptada a sus necesidades. También así consideraron que podrán calcular mejor los recursos municipales económicos, de material o de personal, que deben destinarse a estos trabajos.
«Conocer la situación real y la cifra de animales afectados son datos imprescindibles para no actuar de forma arbitraria y poco efectiva, sin dar solución a los problemas reales que se plantean para el bienestar de los gatos, animales domésticos que no deben vivir en la calle y cuya actividad afecta a la fauna local», insistieron. Al mismo tiempo, Santa Eulària redacta un borrador del programa de gestión de las colonias felinas y un programa de colaboración con las fundaciones y asociaciones existentes en el municipio.

La situación en Sant Antoni

En Sant Antoni de Portmany, la aplicación de la nueva Ley de Bienestar animal ha coincidido prácticamente con el proceso de adjudicación del nuevo contrato de asistencia veterinaria de animales de compañía abandonados, desamparados, extraviados o decomisados, en el que ya se recogen algunas de las medidas de la norma estatal.
Según detallaron fuentes municipales, el nuevo contrato contempla la recogida de animales extraviados y abandonados y su atención veterinaria durante las 24 horas del día. También prevé el alojamiento de perros abandonados o extraviados en un centro de protección animal; el control poblacional de gatos callejeros para reducir progresivamente su población y el fomento de su adopción. Además, se trabaja en el mapeo y censo de estos gatos en el término municipal. El Ayuntamiento contempla la esterilización del animal con carácter previo a su entrega en adopción o, en su caso, un compromiso de esterilización o no reproducción si no tiene la edad suficiente.

El Consistorio portmanyí reconoció que, a la hora de aplicar la nueva ley, han detectado dificultades, tales como la necesidad de conocer los criterios que establezca la Comunidad Autónoma en sus protocolos para la implantación definitiva de programas de gestión de colonias felinas, con procedimientos que eviten afecciones negativas sobre la biodiversidad.
Al igual que Santa Eulària, Sant Antoni lamentó la falta de recursos económicos para implantar la ley, como es el caso del microchipado de los gatos callejeros, o la búsqueda de terrenos para disponer de un centro propio de protección animal. Otra dificultad detectada es compatibilizar la nueva norma estatal con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Vila

En Ibiza, el concejal de Bienestar Animal, Manu Jiménez, aseguró que, antes de publicarse la norma, en el municipio ya se cumplían muchas de las actuaciones ahora exigidas. El edil recordó que «ahora nos estamos adaptando» y para ello se están reuniendo con trabajadores y clínicas veterinarias colaboradoras «para actuar de la mejor manera».

«Tenemos muchas colonias felinas y debemos cuidarlas, vacunarlas y esterilizarlas. Con la nueva ley, además, se nos puede exigir que implantemos un microchip a los gatos, lo que supondría un gasto muy elevado que podría ascender a los 50.000 euros si tenemos en cuenta que en Vila puede haber entre 600 y 700 gatos», señaló. Jiménez lamentó que, en relación a la ley, todavía hay muchas incertidumbres. Recientemente, el equipo de gobierno aprobó una moción para instar al Gobierno a impulsar una serie de ayudas. Otro problema detectado en Vila es el que se plantea con los PPP (Perros Potencialmente Peligrosos) puesto que los requisitos que se exigen ahora para adoptar a uno de estos animales complican sobremanera la acogida de estos perros, muchos de los cuales acaban siendo abandonados. «Somos el único municipio con un centro municipal de acogida», recordó el concejal.

Sant Josep

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep consideraron que la ley adolece de ciertas carencias que afectan a la isla de Ibiza, y al municipio en particular. «La norma plantea un entramado muy complejo que requiere de más medios (económicos, humanos y policiales) sin que se haya planteado ningún refuerzo en este sentido», comentaron.

Fuentes municipales explicaron que se trata de una ley pensada para zonas urbanas y grandes ciudades, aunque es difícilmente aplicable en un territorio como el de Ibiza, con un porcentaje muy alto de suelo protegido y con gran parte de la población viviendo en zonas dispersas. En Sant Josep, lamentaron además que la isla no cuenta con espacios públicos para la gestión de la fauna doméstica abandonada. En estos momentos, en su Centro de Protección de Animales Domésticos hay 21 perros y 48 gatos, mientras que antes de la entrada en vigor de la nueva ley había 13 perros y 48 gatos.

Sant Joan

Desde Sant Joan, la portavoz municipal Carmen Rodríguez aseguró que, desde la puesta en marcha de la nueva ley, han podido detectar un aumento «bastante importante» del abandono de perros y gatos, mientras que las adopciones se han reducido drásticamente. «Pensamos que las causas pueden ser la falta de concreción del Gobierno sobre esta nueva ley. Por ello, le pedimos un mayor desarrollo de la norma a través de un reglamento y que se nos dote de los medios suficientes para poder aplicarla», concluyó.