Costa exige al PSIB que aclare su postura sobre el precinto de pisos turísticos ilegales

A juicio de Costa, es «curioso» que las dos socialistas hayan mostrado posturas tan diferentes con respecto a esa medida que pretende paliar el grave problema de vivienda que atraviesan las Islas pero, sobre todo, Ibiza, cuyo Consell fue el que puso sobre la mesa la posibilidad de precintar estos pisos ya durante la pasada legislatura, cuando gobernaba la socialista Francina Armengol. «O la medida es inconstitucional», ha afirmado Antoni Costa, «o hay que precintar». Y ha recordado que el grupo del PP en el Parlament votó a favor de la moción defendida por Pilar Costa sobre esta cuestión.

El vicepresidente, responsable también de las conselleries de Economía y Hacienda, ha dejado claro que el Govern de Marga Prohens «está para apoyar a los consells en la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal». Costa ha señalado que el alquiler turístico ilegal es «un problema grave desde el punto de vista social». Algo que, ha indicado, afecta especialmente a la isla de Ibiza, «donde hay un grave problema de emergencia habitacional».

«El Govern», ha dejado claro Antoni Costa, «está en la lucha contra el intrusismo y está dispuesto a otorgar a los consells las herramientas». Y es que fue el Consell d'Eivissa el que pidió al Govern durante la pasada legislatura los instrumentos legales necesarios para poder precintar estos pisos que han pasado del mercado residencial al turístico sin tener licencia para ello. Esto ha provocado que el problema de la vivienda en Ibiza se agrave aún más y la institución presidida por Vicent Marí considera que el precintado de los pisos turísticos ilegales detectados por la institución puede contribuir a que esta oferta vaya decreciendo y que los propietarios acaben por retornar al mercado residencial.

El Ejecutivo autonómico de la socialista Armengol ignoró las peticiones del Consell d'Eivissa, que tuvo que esperar a que fuera la popular Marga Prohens la que tomara cartas en el asunto. Así, en el decreto ley de emergencia habitacional aprobado recientemente se contempla esta medida, que ya se puede aplicar. La institución insular ibicenca aplaudió recientemente la decisión y el vicepresidente primero, Mariano Juan, advirtió que a partir de ahora, si un piso es precintado y el propietario mantiene la actividad ilegal, será ya un delito tipificado en el Código Penal.