«Hay que tener en cuenta», ha asegurado el alcalde en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, «que no solo se está hablando de dos edificios sino de 100 familias. Hay que tratar esta situación de manera humana y esta debe ser la prioridad». Roig ha subrayado que las tres administraciones deben «dar una solución a estas familias». Y ese es ahora el objetivo del Govern, del Consell y del Ayuntamiento.
Sobre la mesa está la propuesta de la Conselleria balear de Vivienda de mantener en sus pisos a las 50 familias que aún permanecen en uno de los edificios del complejo. Inmueble que tiene como irregularidad la de contar con una planta más de la que autorizó Sant Josep a mediados de los años 60. De este modo, el Ibavi solo tendría que levantar un nuevo edificio para las 50 familias restantes, que fueron desalojadas de sus casas en 2021 por el Consistorio gobernado entonces por Josep Marí Ribas Agustinet con la excusa de que el inmueble amenazaba ruina. Pero para poder sacar adelante esta solución es necesario que antes el Ayuntamiento pueda contar con las normas provisionales urbanísticas que permitirían ejecutar la permuta con la propiedad del terreno en el que está prevista la construcción del edificio para los realojos. Estas normas fueron aprobadas inicialmente por el Consistorio de Sant Josep a finales de 2022. Pero el decretazo urbanístico del Govern de la socialista Francina Armengol forzó a tener que adaptarlas a las nuevas directrices autonómicas. Un proceso en el que aún está inmerso el departamento municipal de Urbanismo. Una vez que esto se haga, las normas deberán ser remitidas al Consell d'Eivissa, que, a su vez, tendrá que tramitarlas para su aprobación definitiva.
«Hay que aprobar las normas provisionales para poder dar y tener estos terrenos para hacer las viviendas», ha abundado Vicent Roig, «el Ayuntamiento quiere salvar el otro edificio. Y ahora hay que ver lo que se hace». Así las cosas, mientras las normas provisionales de Sant Josep no estén en vigor, las Administraciones implicadas no podrán ejecutar ninguna decisión sobre el futuro de los afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe.
7 comentarios
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Aquestos adeficis com molts altres són resultat de sa gestió de fa uns quants anys enrera. Está clar que per qui hi viu es en desastre. Però qui hagi buscat casa a Eivissa havia vist ofertes de venta a aquests edificis. Quan preguntaves tothom et dia que ni et pensassis comprar res allí, que no tenien papers i estaven que queien... No estava bé i no hi pot estar. I segur que surt més barat fer-ho de nou que restaurar-ho. A la llarga sería millor per sa gent que hi viu aconseguir un acord per poder aixecar un edifici a alguna altra banda. També estaría bé, que quan aprovin ses normes deixin previsió per fer vivendes per sa classe mitja, no només per cases unifamiliars que ocupen s'espai urbanitzable sense aprofitar-lo i incrementant es serveis públics necessaris per atendre-les. Es problema de sa falta de vivenda actual també ve de que es pobles només creixen a base de xaletets que només un pocs privilegiats es poden permetre. Aquesta previsió es responsabilitat des ajuntaments.
Nunca se deberían de haber construido esos edificios en ese lugar. La solución pasa por darles una vivienda a los vecinos de los inmuebles y la restauración ecológica de ese lugar hasta su estado de conservación original.
Los dos inmuebles se encuentran junto al aeródromo además que ocupan suelo protegido del parque natural de ses salines por lo que es inviable su mantenimiento en un espacio tan sensible
Costará menos hacer uno nuevo que reformar esas chabolas
Si les permiten arreglarlo se acabó el problema y no cuesta un euro a las arcas públicas. Y en el terreno de Can Raspalls construyan viviendas VPO.
Permitan que se reformen los dos edificios y que las familias regresen al que desalojaron. Se acabó el problema.
Eso eso, centremos toda la legislatura en lo mismo...que el urbanismo de san Jose lleve cerca de 40 años parado no importa!