Vicent Marí: «Además de multar, hemos de poder precintar los pisos turísticos»

—El Govern aprueba un decreto para agilizar el asunto de los Don Pepe y el Consell protesta. ¿Qué es lo que ha pasado?
—Lo que suele hacer este Govern con Ibiza. Si nos hubiera escuchado cuando le pedimos un decreto para que los propietarios pudieran rehabilitar sus viviendas, esto se hubiera solucionado. Si no, recalificar vía decreto ley, que es lo que han hecho ahora. La operación estaba garantizada porque se iba a incluir en la tramitación de las normas provisionales que se están haciendo ahora en Sant Josep. Este decreto era innecesario y, si nos hubieran escuchado, se podrían haber evitado muchos sufrimientos a los propietarios de los Don Pepe. Por parte del Govern, el problema es la falta de escucha hacia las propuestas que se hacen desde Ibiza. Pero bienvenido sea si esto sirve para agilizar más aún la construcción de los nuevos pisos

—La operación en sí no tiene mucha lógica.
—Si había un problema con el edificio, una cuestión administrativa, se podría haber resuelto si hubiera habido voluntad. Los propietarios se movilizaron y gracias a esto ahora ven una salida al problema. Si no, los habrían dejado sin nada.

—Lo entrevisté a finales de 2021 y usted hacía bandera de la cogobernanza. ¿Sigue pensando lo mismo?
—Creo que las administraciones tienen el deber de entenderse. Y este Consell ha hecho gala de saber colaborar con el Govern y con los ayuntamientos, independientemente de su color político. Durante la pandemia, el Consell fue leal y estuvo al lado del Govern, aunque a veces no compartiéramos sus propuestas. Pero, cuando ha pasado la pandemia, otros se preocupan más por tacticismos electorales que por resolver problemas. Yo tengo claro que, si hay voluntad política, se sabe escuchar, dialogar, y se ponen soluciones sobre la mesa, hay que llevarlas a cabo. Hemos tenido que superar una pandemia y ahora estamos en la crisis por la subida de los precios. Las familias cada vez lo tienen más difícil. Y esto hace necesaria la colaboración entre administraciones. Creo que es necesario tener una mentalidad abierta y colaborativa y esto es lo que echo en falta en los partidos de la izquierda. Se dejan guiar más por sus posicionamientos ideológicos que por el pragmatismo. Si la solución viene del PP, ellos por principio dicen que es mala. Y la realidad es que muchas de las propuestas del PP las están adoptando el Gobierno y el Govern, aunque sea de forma retardada.

—El municipalismo ha llevado al Consell a tener que guardar en un cajón el proyecto de la E-10. Ha aceptado la petición de Vila de que sea el Govern el que haga esta reconversión. ¿Le pilló por sorpresa la decisión?
—Me sorprendió. Hicimos un gran esfuerzo para finalizar el proyecto y buscar la financiación. Estábamos en disposición de licitarlo pero el Ayuntamiento nos presentó su nueva idea. Vimos que era incompatible con nuestra solución y desde el primer momento les dijimos que no entorpeceríamos la voluntad municipal. No entramos a valorar lo que ellos quieren hacer. Es una voluntad municipal y ha de ser el Ayuntamiento el que decida qué tiene que ser la E-10 porque va a ser una calle municipal.

—Si el PP gana en Vila y mantiene el Consell, ¿recuperarán el proyecto que ya está hecho?
—El candidato del PP a Vila, si es alcalde, tendrá que tomar sus propias decisiones. Antes de las elecciones, no se hará nada. Lo que ha planteado el Ayuntamiento es una idea que está aún muy verde. Para tener el proyecto del Consell han hecho falta tres legislaturas.

—La Administración es ahora mismo demasiado lenta.
—Hay problemas crónicos por las disputas políticas que existen. Si le añades la lentitud de la Administración, la tormenta es perfecta. Cuando hay voluntad por todas las partes, se puede agilizar. El problema son las posiciones encontradas y las soluciones tardan mucho en llegar. Lo vemos con la depuradora, con el centro de baja exigencia de sa Joveria… hemos estado 15 años con este centro y ha sido este Consell el que ha resuelto un problema que era gravísimo, el de dar un recurso a las personas que viven en la calle. Y lo hemos logrado a base de tesón, fuerza de voluntad. Luchamos contra la propia Administración y esto es algo que hemos de hacer los políticos.

—Ustedes han aprobado este año un reglamento para agilizar trámites.
—Exacto, porque la Administración se tiene que agilizar. Pero también tiene que haber voluntad política y por eso una de nuestras primeras decisiones fue la de elaborar un reglamento de flexibilización administrativa.

—¿Qué pasa con la avenida de Sant Josep? Se han hecho varios proyectos pero no llegan a nada y está en una situación lamentable.
—Esta avenida es otro de los problemas que requieren una solución rápida. Se está trabajando con el Ayuntamiento. Es una vía insular pero a cada lado es territorio municipal. Ambas administraciones tienen la voluntad de llegar a un acuerdo. Hay que hablar con los propietarios y se está avanzando en diferentes soluciones. Es un reto pendiente que entre Consell y Ayuntamiento se ha de llevar a cabo. No será por falta de voluntad del Consell.

—¿Podrán residentes y turistas en algún momento prescindir del coche para, por ejemplo, ir a las playas?
—Ibiza tiene un reto muy importante que es regular la llegada indiscriminada de vehículos, sobre todo en julio y agosto. Y el otro reto es tener un transporte público del siglo XXI, que es lo que este Consell va a licitar en breve. Será un transporte público adaptado a las necesidades de Ibiza. Si restringimos la llegada de vehículos, hemos de potenciar el transporte público y hay que hacerlo de una manera valiente y que permita que todo el que necesite desplazarse tenga un servicio de autobús adecuado. Será un nuevo servicio que marcará un antes y un después.

—Ibiza es una isla pequeña. ¿No sería más lógico que el Consell gestionara servicios como el del taxi?
—De hecho, ya el Consell gestiona el transporte interurbano. Y se ha aprobado un decreto que permite que los taxis puedan operar en otros municipios diferentes al suyo. Está bien enfocado. El servicio es municipal pero con una regulación muy antigua y habría que cambiarla. Pero esto es complejo. No obstante, si hay buena colaboración entre los ayuntamientos y el Consell, que la hay, el del taxi es un servicio que hay que potenciar y modernizar. Es evidente que hacen falta más taxis en la isla y es algo que se ha de resolver entre los ayuntamientos y el Consell.

—La de 2022 ha sido otra temporada de récord. Pero el discurso de la masificación comienza a calar. ¿Lo comparte usted?
—Nos tiene que preocupar. Nosotros vivimos únicamente del turismo. Somos líderes mundiales. Somos un destino deseado que tiene lo que otros querrían tener y es una responsabilidad muy grande. Y tenemos que evolucionar. Hay problemas que se tienen que solucionar: infraestructuras, agua, energía, residuos, movilidad… Esto provoca situaciones incómodas para los residentes. Tenemos que buscar soluciones a las situaciones de masificación. La masificación se produce en gran medida por los vehículos. Y hay que luchar contra esto y ya estamos actuando.

—Formentera ha sido pionera en la limitación de vehículos e Illetes está masificada. No parece que sea esa la solución.
—Es que hay otras cuestiones. La masificación no viene por la oferta legal y esto lo tenemos que tener presente. Viene de la oferta ilegal, del uso y el abuso que se hace de la vivienda residencial como vivienda turística. Hay que luchar contra el intrusismo. Es un gran reto que tenemos. Y no lo podremos hacer eficazmente si no se cambia el marco normativo. El que haga esto ha de saber que todo el peso de la ley caerá sobre él. Además de una multa, hemos de poder precintar esas viviendas residenciales que se están destinando a uso turístico. Este ha sido nuestro clamor. Hemos solicitado al Govern un marco normativo, igual que lo hicimos con las fiestas ilegales. No se trata de poner más inspectores, no es la solución definitiva. La solución definitiva es que el lo hace, ha de pagarlo.

—¿No basta con las sanciones actuales?
—Las sanciones tardan mucho en tramitarse y es difícil cobrarlas porque normalmente los que hacen el negocio son subarrendatarios. Hay que hacer un esfuerzo colectivo y jurídico para tener una solución que sea práctica, una ley que sea disuasoria. Si una vivienda se alquila turísticamente de forma reiterada, se tiene que poder precintar. Ha de haber soluciones jurídicas inmediatas. Si no disponemos de esta herramienta, será difícil acabar con tanto intrusismo.

—¿Depende también del Govern?
—Sí, la norma debe ser autonómica o, incluso, estatal. Y ha de estar adaptada a las peculiaridades de cada sitio. Aquí el intrusismo provoca falta de vivienda y esto significa que no vengan profesionales de fuera a trabajar. Es una cadena que se retroalimenta. Si no tenemos vivienda, cada vez será más difícil contar con profesionales para cubrir nuestras necesidades básicas. Hace falta una solución drástica. Llevamos tiempo pidiéndolo. Queremos una legislación que permita a ayuntamientos y Consell actuar de forma contundente y rápida. Si precintas unos cuantos pisos, podríamos evitar que el problema crezca y se recuperaría mucha vivienda para el mercado residencial. Hemos de tener muy claro que la lucha contra el intrusismo es la lucha contra la masificación. Esto tiene que ser una prioridad. Para nosotros lo es. A otros les cuesta entenderlo.

—Ibiza es un sitio caro para vivir pero, con la crisis de los precios, la cosa se está poniendo muy cuesta arriba. ¿Puede el Consell ayudar de alguna manera?
—Lo estamos haciendo. Hemos de abordar los problemas reales de la sociedad y lo estamos haciendo. Estamos ayudando a los municipios en los planes de prestaciones básicas, para las personas que peor lo pasan y necesitan recursos públicos para llegar a fin de mes. Ayuntamientos y Consell estamos destinando más recursos que nunca y sa Joveria es un ejemplo. Nosotros hemos dado ayudas a los autónomos e, incluso, a familias. Hemos sido el único consell que abrió una línea de ayudas para familias. Después vimos que era más eficaz que lo hicieran los ayuntamientos porque son los que mejor conocen la realidad de los municipios. Y, además, hemos bajado impuestos. Llevamos dos años bajando el impuesto de recogida y tratamiento de residuos. Todos los ciudadanos pueden ver que su recibo se ha reducido entre un 20 y un 30%. Hemos destinado a esto en dos años nueve millones de euros. Se trata de bajar impuestos, incrementar las ayudas y poner más recursos para afrontar esta situación tan difícil que estamos viviendo. Hay que frenar la espiral inflacionista y hay que estar al lado de los ciudadanos y de las pequeñas empresas, cada Administración con sus recursos.

—Uno de los logros de su gobierno este año ha sido el de la normativa autonómica contra las fiestas ilegales. ¿Está satisfecho o esperaba más?
—Uno siempre espera más (risas). Pero lo importante es luchar por conseguirlo y, si no consigues el 100%, habrás logrado un porcentaje muy elevado. Y esto es lo que hemos logrado. No estoy satisfecho pero tampoco es un fracaso porque, si no hubiéramos luchado, no tendríamos nada. Ante un problema como este, hay que seguir trabajando. Costó hacer entender a Mallorca el problema tan serio que es el de las fiestas ilegales. Cuando los ibicencos detectamos un problema, nos gustaría que el Govern nos escuchara porque, aunque solo nos afecte a nosotros, acabará afectando a Mallorca con el tiempo. Y luego la solución que se adopte siempre llegará tarde. Nosotros no somos caprichosos. Sabemos lo que necesitamos y lo que esperamos de cualquier Govern es que se nos escuche y que las soluciones se conviertan en realidades.

—Vila se ha gastado 400.000 euros en una encuesta para hacer un censo de viviendas y buscar soluciones al problema. ¿Deberían hacer todos los ayuntamientos lo mismo?
—Los ayuntamientos conocen mejor que nadie la situación de sus municipios. Yo respeto la decisión de Vila pero los ayuntamientos saben cuánta vivienda vacante existe. A través del padrón saben quién vive en cada sitio, qué edificios son residenciales o cuáles son turísticos… Y toda esta información debe compartirse con el Consell y el Govern para tener un mapa real de la situación. Pienso que, cuanta más información tengamos, más fácil será tomar decisiones y encontrar soluciones. Hay que trabajar conjuntamente.

—El Govern lo fía todo a la vivienda pública. ¿Hay otras soluciones?
—La Administración no tiene que construir toda la vivienda. Ha de haber vivienda privada a precio de vivienda pública. Hay que facilitar terrenos. Tiene que haber soluciones que lleguen desde un cambio normativo. No se trata de crecer indefinidamente. Hay que poner en el mercado mucha vivienda que no es para uso residencial cuando debería serlo. Hay que luchar contra este intrusismo. Controlando el intrusismo, cambiando el marco legal y colaborando con el sector privado para construir vivienda a precio tasado y en régimen de alquiler, se solucionaría el problema. En dos legislaturas, el Ibavi solo ha construido en Ibiza 60 viviendas y eso no soluciona nada. Antes de construir más, hay que arreglar las leyes para luchar contra el intrusismo y la ocupación y para dar más garantías al propietario. Y hay que buscar terrenos en los que se pueda construir a precio asequible y en régimen de alquiler. No es aceptable que se paguen 1.000 euros en un piso compartido. No es digno y no nos va a traer trabajadores que presten un buen servicio. Este es realmente el gran reto que tenemos y las soluciones que pone la izquierda sobre la mesa son fracasadas. Hay que ser más ambicioso y tener la mentalidad más abierta. Confío en que 2023 nos traiga unos gobiernos que tengan claro que este problema es muy serio y que hay que adoptar medidas contundentes y claras.

—La situación de la sanidad en Ibiza es cada vez más lamentable. ¿Qué haría usted si tuviera las competencias?
—La competencia es del Govern. Y nuestras necesidades son mucho mayores que los medios que destina el Govern. Parece que es una queja constante pero es que la cosa es así. En Ibiza estamos abandonados desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista de los servicios básicos estatales. Todos los servicios autonómicos y estatales tienen deficiencias y esto es por falta de voluntad y recursos. Ibiza no puede ser ese limón que se exprima hasta la última gota sin recibir nada a cambio. Esta isla es generosa con otros territorios, aporta más que nadie. Pero también necesita reforzar la sanidad, mejorar el sistema educativo, más presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¡La Oficina de Tráfico está a punto de cerrar! Ya sería hora de reconocer el factor de insularidad para que los funcionarios destinados a la isla puedan vivir dignamente. Llegan aquí y lo primero que hacen es rellenar la documentación para pedir otro destino. En Ibiza no se puede vivir con el sueldo de un funcionario.

—Los sueldos en el sector privado son también bajos.
—Vivir en Ibiza es más caro que en otros lugares por la insularidad. Hay que reforzar los servicios públicos y buscar vivienda a precio asequible. Es también importante que, si nos hacen falta servicios básicos, no se ponga por encima de un título en medicina el de catalán. Yo defiendo mi lengua y mi isla más que nadie. Pero, si necesitamos médicos, tienen que poder venir y ya les enseñaremos el catalán. Lo importante es que vengan. El PP lleva tiempo reclamando que la lengua sea un mérito, no un requisito.

—Hablamos de un Govern que recomienda a los catalanoparlantes la mímica si alguien les habla en castellano.
—Yo es que me río de ese nacionalismo que pone por encima de la salud el cómo hablamos usted y yo. La lengua no puede ser una bandera que limite servicios básicos como la sanidad. Esto es muy grave. Si el médico quiere aprender catalán, ya se lo enseñaremos. Lo importante es que los médicos vengan. Ibiza es una tierra maravillosa para vivir. El que tiene la suerte de ser destinado aquí, se va de tristeza. O bien porque le exigen catalán o bien porque la vivienda es muy cara. Solucionemos estos problemas. El diagnóstico está hecho. Pongamos soluciones.

—¿Nos tiene Mallorca manía?
—Mallorca nos ignora. Por parte de los políticos mallorquines tiene que haber un mayor sentimiento de que Baleares no es solo Mallorca. Las otras islas también tienen voz. Todos tenemos los mismos derechos y deberes. No puede ser que un ibicenco tenga menos servicios y derechos. Es una lucha muy antigua y seguiremos en ella. Hemos de hacernos oír cada vez más. Hay que ser reivindicativos y constantes a la hora de pedir lo que necesitamos.

—¿Qué hará si al final es imputado por la contratación de la producción de ‘La vida islados'?
—Este Consell hizo varios contratos de emergencia en el entorno de una pandemia. Se destinaron muchos recursos a campañas de promoción para reactivar el turismo en un momento en el que todo el sector y los ciudadanos estaban desesperados. Lo hicimos de la única manera que se podía hacer, a través del contrato de emergencia. No podíamos acudir a la contratación ordinaria porque, si en julio se abría la posibilidad de viajar, había que actuar rápido porque estábamos en mayo o junio. Que esto lo quiera usar el PSOE torticeramente… los socialistas vieron que esto no tenía recorrido administrativo y se fueron a la Oficina Anticorrupción, que depende del Govern. Se hizo una tramitación política que se envío a la Fiscalía. En ningún caso se han escuchado las explicaciones del Consell, mi versión real de los hechos, no la manipulada. Esto ha llegado al juzgado y yo estoy deseando poder ir a declarar para aclarar toda esta manipulación de una cuestión que, administrativamente, es clara y transparente.

—Si es imputado, ¿dimitirá?
—Yo estoy solicitando ir a declarar de forma voluntaria y, cuando se me cite, lo haré y expondré mi versión de los hechos, con toda la documentación. Está todo en el expediente. Se acudió a la contratación de emergencia porque no había otra opción. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero los hechos son los que son. Yo espero aclarar de una vez por todas este embrollo que interesa a la izquierda, al PSOE. Yo estoy tranquilo. No hay absolutamente nada. Tendrían que haber ido al contencioso y se han ido por la vía penal. Y no, no dimitiré. No es la primera vez que me ponen querellas para quitarme de en medio. Yo quiero que me quiten los ciudadanos ibicencos, no otros partidos políticos utilizando la mentira y la manipulación. El fair play consiste en que cada uno, ante los ciudadanos, expone quién es, qué es capaz de hacer y qué promete. Unos tienen más credibilidad que otros. Y algunos quieren ganar elecciones utilizando oficinas de anticorrupción y a la Justicia para lograr un puesto en política.

—Lo de Amadiba parece bastante más grave.
—Lo que llama la atención es que haya acabado en Fiscalía un contrato que tiene expediente, que tiene aval técnico y que tiene todo un procedimiento, y en cambio un expediente como el de Amadiba, que carece de contrato, de tramitación alguna ni de aval técnico, poniendo en peligro la supervivencia de una asociación tan importante como esta, no esté siendo investigado por la Justicia.