Reunión en abril de 2016 de las familias de Amadiba con el ex presidente del Consell, Vicent Torres y la ex consellera Lydia Jurado.

El ex presidente del Consell d'Eivissa, el socialista Vicent Torres, se negó a recibir una notificación remitida por la institución insular el 15 de diciembre de 2021 para que aclarara la forma en que se realizó la contratación a la asociación Amadiba para poder hacer frente al pago de las facturas reclamadas por esta entidad. Unas facturas correspondientes a los servicios prestados en 2017 y 2018 y que ascienden a casi 1,5 millones de euros.

Cuando el funcionario de la máxima institución se dirigió al despacho del Grupo Socialista en la sede del Consell para hacerle entrega de un documento con cinco preguntas para aclarar la contratación de Amadiba y, de esta forma, poder proceder al pago de los importes adeudados, Torres    se negó a aceptar la notificación y a firmar la correspondiente entrega.

Cinco preguntas

El cuestionario planteado desde el Consell al ex presidente pretendía aclarar quién había encargado los servicios que habían generado los importes reclamados por Amadiba. «Se ha constatado que se ha realizado un trabajo», explicaron fuentes de la institución, «que se ha atendido a una serie de usuarios de Servicios Sociales y ahora hay que determinar quién ha pedido este trabajo. Como Amadiba refiere que esto nace de una reunión con políticos, pues se ha preguntado a estos políticos», aclararon dichas fuentes.

Las cinco preguntas remitidas a Vicent Torres pretendían aclarar si había participado en la reunión en la que se encomendó a esta asociación crear la red de servicios que ella misma había diseñado, y si fue el propio ex presidente el que encargó a Bienestar Social la puesta en marcha de dicha red en la isla de Ibiza.

El cuestionario incide a su vez en si el actual jefe de la oposición se comprometió en la pasada legislatura a que el Consell asumiera el coste de esta implantación, y si se había realizado algún tipo de estudio económico previo para conocer cuál sería el coste de la creación de esta red de servicios.

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Consideraron a su vez importante desde el Consell d'Eivissa saber si se había llevado a cabo «cualquier acto jurídico administrativo formalizando los encargos que manifiesta la entidad que recibió desde el Consell d'Eivissa».

Sin respuesta

Finalmente, el actual equipo de gobierno pretendía conocer, de boca del anterior presidente, por qué se basó esta red de servicios «en el proyecto presentado por la entidad Amadiba y no se invitó a otras entidades sociales» a presentar un proyecto similar.

Todas estas preguntas quedaron sin ningún tipo de respuesta, ya que el socialista Vicent Torres ni siquiera accedió a recoger la notificación remitida por el Consell para tratar de aclarar lo sucedido con esta entidad para poder hacer frente al millón y medio de euros que tiene pendiente con ella la institución.

Un documento similar fue remitido tanto a la ex consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, como a la ex directora insular de Igualdad, Judith Romero. En el primero de los casos, entre otras cuestiones, se pretendía conocer el motivo por el cuál la ex consellera había firmado dos contratos con Amadiba sin que conste ningún acto administrativo al respecto. En el cuestionario enviado a la ex directora insular, se le instaba a ratificarse en unas manifestaciones realizadas ante notario, en las que aseguraba que había sido el propio Vicent Torres el que encargó al departamento de Bienestar Social «a hacer todo lo necesario para que el 1 de julio de 2017 fuera una realidad que los usuarios pudiesen ser atendidos en la isla por Amadiba».

En este caso las políticas de Podemos sí que respondieron a la petición del Consell, aunque de manera muy vaga y no a todas. De hecho, se limitaron a exponer que «los principios que regían la gestión de las áreas sociales de la anterior legislatura eran los de necesidad y urgencia para con los colectivos vulnerables susceptibles de atención por los servicios sociales, y el interés superior del menor».

El apunte

Judith Romero no aclaró si trabajaba para Amadiba

La ex directora insular de Igualdad entre los años 2015 y 2019, Judith Romero, no quiso aclarar al Consell d’Eivissa cuál era su relación con la asociación Amadiba, que realizó servicios para el departamento de Bienestar Social por valor de más de dos millones de euros.

Una de las preguntas remitidas por la máxima institución ibicenca a Romero el 17 de diciembre de 2021 decía literalmente: «Hace unas semanas, se puso en contacto con diferentes servicios del departamento de Bienestar Social y Recursos Humanos para ofrecer talleres en nombre de la entidad Amadiba. ¿Está o ha estado trabajando para la referida entidad?».

Una pregunta a la que la ex directora insular de Igualdad decidió no contestar, por lo que se sigue sin poder dar respuesta al hecho si Romero incumplió la ley 2/1996 de Incompatibilidad de altos cargos, que dice claramente, en el punto cuarto del artículo cuarto, que «durante el año siguiente a la fecha de su cese, los titulares de los cargos o puestos de trabajo a que se refieren los anteriores párrafos de este artículo no podrán realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan dictado resolución en los últimos dos años de ejercicio del cargo o función correspondiente, ni celebrar, durante el mismo plazo, contratos de asistencia técnica, de servicio o similares con la Administración de la Comunidad Autónoma».

Justamente Romero, junto a la ex consellera de Bienestar Social e Igualdad, Lydia Jurado, fueron las artífices de que el Consell firmara al menos dos contratos con la citada asociación.