El Consell de Ibiza consigue retirar de Airbnb más de 400 anuncios de pisos turísticos ilegales

Juan recordó que esta actuación ha sido posible gracias al convenio firmado por el Consell con Airbnb. Un acuerdo que no supone ningún gasto para la institución insular y que, además, permite a la Oficina Contra el Intrusismo «obtener datos suficientes para iniciar procesos sancionadores» contra quienes publican ofertas de viviendas turísticas ilegales. Este convenio también ha facilitado que el Consell haya podido identificar entre 2019 y 2021 a un total de 74 infractores.

La lucha contra el intrusismo es uno de los grandes objetivos de la actual legislatura en el Consell. De ahí la creación de una oficina que, explicó Juan, «funciona como un think tank» en el que, además de trabajar persiguiendo esta oferta ilegal, se proponen actuaciones y medidas para avanzar en este sentido. El conseller puso como ejemplo la propuesta de modificación legislativa contra las fiestas ilegales que el Govern ha terminado aceptando, a pesar de que inicialmente la rechazó. En lo que a los casos de intrusismo se refiere, la oficina abrió en 2021 un total de 66 expedientes, 14 más que en el año anterior y 38 más que en 2019.

En cuanto a las sanciones, esta oficina resolvió durante 2021 58 expedientes, cuando en 2018 fueron tan solo 14. Estos casos se han saldado con un total de 1,3 millones de euros en sanciones a lo largo del año pasado. En 2018 fueron solo 319.000 euros en multas. En 2019 se impusieron sanciones por 271.800 euros, mientras que en 2020 subieron a algo más de un millón de euros. Además, las sanciones han pasado de 20.000 a 40.000 euros. A pesar de estos resultados, Mariano Juan lamentó que el Govern no haya aceptado de momento la propuesta del Consell de «poder precintar pisos turísticos ilegales». «Mientras eso no se pueda hacer», afirmó, «será difícil luchar contra esto».

La Oficina Contra el Intrusismo también ha prestado especial atención a la retirada de vallas publicitarias ilegales. En este sentido, se han suprimido hasta ahora un total de 125. En 69 casos, la resolución del Consell ha sido desfavorable para los responsables de las vallas, mientras que solo ocho han logrado un dictamen a su favor. Mariano Juan indicó sobre este asunto que «no se nota lo que se ha retirado pero sí lo que se queda». Además, explicó que la oficina ha impuesto seis sanciones «coercitivas». Es decir, multas mensuales a los responsables de las vallas ilegales desde que se les notificó la irregularidad hasta que las han retirado.

El departamento de Ordenación Turística, finalmente, dio luz verde en 2021 a un total de 25 proyectos de reforma para establecimientos turísticos. Proyectos valorados en más de 55 millones de euros y que, además, facilitaron la reducción de cuatro plazas turísticas. En este sentido, Mariano Juan recordó que, desde 2004, el sector turístico ibicenco ha perdido más de 8.000 plazas. Algo que achacó al cierre de hoteles y a los proyectos de modernización de establecimientos.