Agentes de la Policía Local de Sant Josep en Casa Lola, en la mañana de este lunes. | Daniel Espinosa

El Ayuntamiento de Sant Josep pedirá autorización judicial para poder entrar en el complejo Casa Lola para proceder al derribo de las obras que se han llevado a cabo ilegalmente a lo largo de los últimos años.

Ayer a las 09.00 horas finalizaba el plazo puesto por el Consistorio para que la propiedad ejecutara de motu propio los trabajos de demolición. Al no haberse producido dicho derribo, acudió al lugar una patrulla de la Policía Local y un arquitecto técnico del Ayuntamiento que, al no poder acceder a la finca, se limitaron a levantar acta de que la propiedad no había procedido a cumplir con el mandato municipal.

Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, por lo que se consideran ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexa al edificio principal, el porche, una edificación anexa de unos 50 metros cuadrados, los cimientos de una edificación de unos 30 metros cuadrados de superficie, una edificación de 50 metros cuadrados situada al norte de la parcela, cerca del camino de acceso, dos edificaciones en forma de ‘L' con una superficie de 200 metros cuadrados, un depósito de agua con una superficie de 52 metros cuadrados, ocho volúmenes de planta baja con una superficie aproximada de 930 metros cuadrados, terrazas cubiertas con una superficie de 342 metros cuadrados, terrazas abiertas con una superficie de 414 metros cuadrados, dos piscinas con superficie de espejo de agua de 84 metros cuadrados y 68 metros cuadrados respectivamente, una cisterna en construcción de 36 metros cuadrados y diversos muros de cerramiento de parcela y de división interior con una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados.

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En lo que va de año ya es la tercera vez que la propiedad de Casa Lola evita tener que derribar las obras ilegales realizadas en la finca.

La primera de las fechas límite para el derribo fue el 3 de septiembre. Sin embargo, esta fecha se tuvo que posponer tres semanas, concretamente hasta el 22 de septiembre, ya que el bufete de abogados que representaba a la propiedad anunció que ya no ejercía la representación legal.

El 22 de septiembre tampoco pudo hacerse efectiva la entrada a la finca, ya que la propiedad había presentado una serie de alegaciones al decreto de Alcaldía que avalaba la demolición.

La fecha se pospuso entonces hasta la jornada de ayer, en la que tampoco se pudo hacer efectivo el derribo al no facilitar la propiedad el acceso a la finca.