.El colegio de educación especial de Sant Josep que gestiona Amadiba desde 2017.

La Asociación de Madres y Padres de Discapacitados (Amadiba) estaba a principios de octubre ahogada por las deudas. Sus trabajadores cobraron el mes pasado a día 18 y la entidad se había quedado sin liquidez para pagar las nóminas de sus 60 trabajadores en el mes de noviembre. Los bancos no les ofrecían más créditos por su nivel de endeudamiento y la situación de ahogo financiero era tal que las familias se habían planteado manifestarse y la propia entidad preparaba una demanda contra el Consell d'Eivissa por la vía contencioso-administrativa para reclamar el pago de una deuda que ascendía a más de 1,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2018. Habían enviado dos escritos al Consell ese año para preguntar por esa deuda sin recibir respuesta.

Una situación que les llevó, según explica la gerente de Amadiba, Jane King, a solicitar una reunión con el nuevo ejecutivo del Consell d'Eivissa. El encuentro desembocaría en un reconocimiento de deuda, el pago de varias facturas atrasadas y el desbloqueo el pasado pleno del órgano insular de un concierto que se había tramitado de forma incorrecta.

Medidas que suponían un soplo de aire para Amadiba, que ya se veía abocada a su cierre en Ibiza.

Tres años de promesas
King explica que cuando llegaron a la isla en 2016 para proponerle al Consell d'Eivissa la implantación de unos servicios que muchas familias tenían que buscar en Mallorca hubo mucha receptividad por parte del ejecutivo de Vicent Torres. Sin embargo los retrasos en los pagos se fueron acumulando casi desde el principio. A lo largo de este tiempo la entidad ha aguantado a través de créditos bancarios que se iban pagando con pólizas y la ayuda de la asociación en Mallorca. «La buena voluntad nos estaba matando», cuenta que le dijo un día King a un miembro de la ejecutiva de aquel momento.

La gerente dice que no había visto algo así en 25 años. «Había trabajado con administraciones públicas que se habían encontrado sin liquidez para pagar, pero en este caso había liquidez y había voluntad política». Desde el Consell d'Eivissa siempre alegaron problemas burocráticos. «Es increible que con dinero y voluntad política no se hubiera conseguido desbloquear la situación en tres años», indica.

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Tras la firma el pasado mes de mayo de un concierto con el Consell para la gestión de una vivienda tutelada, desde Amadiba pensaban que se podría revertir la complicada situación en la que estaban. Sin embargo, la tramitación incorrecta del concierto impedía el pago. Amadiba mantuvo el servicio a pesar de su situación económica con la esperanza de una solución. El Consell adeudaba hasta octubre 380.928 euros por este servicio.

Finalmente llegó la reunión el mes pasado en el Consell. De nuevo salieron de allí con promesas, pero esta vez King destaca que los hechos fueron casi inmediatos. «Hubo un reconocimiento de deuda en 24 horas» a través de un decreto de presidencia que vino seguido del pago de unas facturas pendientes por valor de 110.000 euros. Se trataba de los servicios de un centro para menores tutelados que se instaló a solicitud del Consell y por el que no se había pagado desde enero de 2018, además de varias facturas pendientes por los servicios asistenciales ofrecidos a cinco personas discapacitadas ibicencas en Mallorca.

Tras la aprobación en el pleno del Consell de octubre de la instancia a la propia institución para subsanar por vía de urgencia la falta de fiscalización de la adjudicación del servicio de vivienda tutelada, Amadiba espera poder levantar cabeza. King valora que «por primera vez» pudieron ver hechos y eso les da confianza.

EL APUNTE

Unos servicios necesarios para cumplir con la legalidad

El Consell Insular tiene la obligación de favorecer la prestación de servicios a personas dependientes conforme a la Ley 39/2006 de Dependencia. El texto establece que las personas dependientes deben poder acceder en condiciones de igualdad a los servicios que promocionen su autonomía, centros de día y centros asistenciales, «con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan». Unos servicios que, hasta la llegada de Amadiba a Ibiza, muchas familias tenían que solicitar en Mallorca al no contar las Pitiusas con centros de atención para estas personas. Para cumplir con esta Ley es por lo que el Consell d'Eivissa solicita concertar estos servicios con Amadiba. La entidad puso en marcha sus centros el 1 de julio de 2017. En Ibiza atiende a 53 familias y 64 personas con discapacidad. Cuenta con 2 colegios de educación especial, un centro de día y varios programas para favorecer la autonomía.