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La empresa Aqualia, actual concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento de Sant Antoni y una de las siete compañías que participan en el concurso para este servicio durante los próximos 25 años, denuncia la existencia de un supuesto delito de «revelación de secretos empresariales y plagio en la formulación de la oferta mejor clasificada» y pide la «inmediata suspensión» del concurso.

Aqualia presentó ayer un escrito ante el Ayuntamiento de Sant Antoni para poner en conocimiento de la Mesa de Contratación, que se reúne hoy, que Luis Miguel Redondo Carsi, quien hasta días antes de la presentación de ofertas y apertura de plicas del concurso, ostentaba el cargo de responsable técnico de Aqualia, se incorporó a la plantilla de Facsa, estando en posesión de información corporativa económica de las concesiones de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de Aqualia en Balears. Además, y siempre según la empresa Aqualia, Redondo Carsi hizo un total de 13 llamadas a personal directivo de Facsa en los meses anteriores a la presentación de las ofertas. Este dato explicaría la idéntica coincidencia de la puntuación económica de Facsa y Aqualia, ya que ambas han obtenido en el concurso 61,11 puntos, solo superadas por Acciona, con 63,75 puntos.

La empresa Aqualia valora poner en conocimiento de la Justicia los hechos, ya que considera que son «constitutivos de delitos de descubrimiento y/o revelación de secretos empresariales». Además, ha encargado una pericial digital externa con la que confirmar sus sospechas de revelación de secretos. Mientras tanto, Aqualia solicita la suspensión del procedimiento de contratación basándose en el artículo 150.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que si la Mesa de Contratación tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Aqualia considera que «es evidente el falseamiento de la competencia que derivaría de la presunta comisión de una actividad criminal constitutiva de delito, cuyos indicios se ponen en conocimiento desde este mismo momento y tan pronto como se ha tenido información al respecto, lo que resultaría inadmisible en el seno de un procedimiento de concurrencia competitiva de cuya transparencia, igualdad e integridad ha de velar a ultranza esta Administración», en referencia al Consistorio de Sant Antoni.

Irregularidades

Aqualia ya requirió el 26 de septiembre tener acceso al expediente de contratación y a la documentación y ofertas presentadas, sin que, por el momento, se le haya notificado respuesta, lo que a su juicio ahonda «en las irregularidades graves existentes en el seno del presente procedimiento».

Cabe recordar que la empresa Facsa ha obtenido la mayor puntuación, 85,76 puntos de un máximo de 100, de las siete empresas que se han presentado al concurso. Esta mayor puntuación es debida a la valoración técnica otorgada por el informe elaborado por la consultora Pw Advisory and Capital Services SL, cuyo único socio es Juan Pablo López Heras uno de los investigados por el ‘caso Lezo' que investiga la gestión en el Canal Isabel II de Madrid.

Facsa

El presidente de Facsa, Enrique Gimeno, admitió haber financiado con 405,668 euros de dinero negro las campañas del PP valenciano para las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Por ello fue condenado el pasado mes de junio por la Audiencia Nacional en la rama valenciana de la trama Gürtel a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos electorales y uno de falsedad documental. Dicha pena fue sustituida por varias multas gracias a la atenuante de colaboración activa.

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