Acabo de leer el anteproyecto de ley para la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de Formentera y mi alarma es máxima, porque a mi juicio la ley colisiona frontalmente con el Tratado de la Unión Europea y aún tenemos que ver los informes jurídicos elaborados por el Govern de les Illes Balears o del Consell de Formentera que avalan que el texto antes citado se acomoda a la letra y al espíritu de las leyes comunitarias, en especial en lo referido a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales en el territorio de los países de la Unión. Por el contrario, el borrador se centra en hacer ver que la futura norma cumple las normas medioambientales de la UE, pero poco dice de evitar comprometer la libertad de circulación.
Riesgo para la salud
En la exposición de motivos del anteproyecto de ley se afirma que el riesgo de saturación demográfica y de congestión de las vías y espacios públicos puede ir en aumento y que ello ya está teniendo efectos negativos en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población isleña. Hasta aquí todo bien. Pero se afirma que también está teniendo efectos negativos ¡en la salud! Es de esperar que esta alarma pueda justificarse de algún modo que hasta ahora se nos escapa.
Afortunadamente, el texto establece una excepción a la prohibición de entrada, que es motivo de preocupación para los residentes en Ibiza que deben trasladarse por motivos laborales a la Pitiusa del sur. Los vehículos cuyos titulares sean personas residentes en Ibiza que acrediten la necesidad habitual de desplazarse a Formentera por razones laborales. Bien estaría que la excepción se amplíe a los vehículos titularidad de las empresas y no solamente de personas.
Obligaciones
Ya sabemos que habrá que pagar para obtener la autorización para desembarcar en la isla, aunque no sabemos cuánto. Y también sabemos que como con el impuesto turístico, que se obliga a recaudarlo a los hoteleros, serán las navieras las encargadas de comprobar que los vehículos tienen la autorización para circular antes de embarcarlos con destino a Formentera. Que se establece la obligación a todas las administraciones públicas de renovar sus vehículos en Formentera y sustituirlos por vehículos eléctricos o no contaminantes, un disparate porque cada Administración compra sus vehículos de acuerdo a sus necesidades operativas. Estoy pensando en los todoterrenos de la Guardia Civil o del Ibanat, que hoy por hoy no pueden ser sustituidos por vehículos eléctricos.
Exposición pública
Es de esperar que el texto sea mejorado con las aportaciones que ya pueden hacerse pues el anteproyecto está en exposición pública en el portal de transparencia del Govern, y también durante el trámite parlamentario. Pero mucho me temo que la norma topará con la oposición de empresas que alquiler de coches, que recurrirán a los tribunales para defender su derecho a llevar a cabo su actividad empresarial sin que la Administración conculque los tratados de la Unión Europea.
Como suele suceder, algunos se apresuran a pedir limitaciones similares para Ibiza e incluso para Mallorca, lo que es un disparate colosal, porque las razones que las justifican para Formentera no se dan para el resto de las islas. ¿O sí? Hay quien piensa que sí. Pero también hay quien no quiere que circulen vehículos con motor de explosión en Baleares dentro de algunos años, porque eso salvará el planeta.
Feliz domingo.
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