La patronal hotelera calcula que hasta un 45% de los turistas se alojan en la oferta ilegal

En la actualidad existen 84.179 plazas legales en la isla repartidas entre hoteles, apartahoteles, agroturismos y viviendas vacacionales. En base a esta cifra, a los datos de ocupación y a la llegada de pasajeros al aeropuerto de Ibiza, la patronal hotelera calcula que cerca de 50.000 personas se hospedan fuera del circuito legal, lo que además de problemas de convivencia y encarecimiento de los alquileres implica el impago del impuestos, incluída la ecotasa.

Según el presidente de la Fehif, Juanjo Riera, la proliferación de los pisos turísticos «es un problema para los residentes y los trabajadores porque no encuentran alquileres asequibles». También supondrían, a medio y largo plazo, «un mayor consumo de territorio» dado que las administraciones se verían obligadas a construir vivienda pública para paliar el problema. Riera argumenta esta teoría en base a que «este tipo de alquileres ilegales se dan mayoritariamente en zonas residenciales cercanas al mar», lo que en su opinión acabaría «expulsando» hacia el interior a sus habitantes. Algo similar al proceso de ‘centrificación' que padece Barcelona.

Por todos estos motivos, el portavoz de los hoteleros celebra el acuerdo alcanzado por los partidos políticos para prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares en la isla de Ibiza, así como la obligación que tendrán plataformas como Airbnb de publicar el número de licencia turística en sus anuncios.

El presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, explicó que los empresarios tienen «muchas dificultades para contratar personal por el problema de la vivienda al no encontrar precios asequibles». «Tampoco vienen maestros, ni médicos ni policías, entonces entendemos que es una situación especial y como tal se tiene que tratar. Estamos en contra de todo tipo de oferta ilegal y alquilar a turistas en residencial no se debe permitir», precisó Rojo, que denunció que «hay sectores en los que un 20 o un 30% de lo facturado se está haciendo en B, lo que es una sangría para la isla».