Basta con hacer una búsqueda en los principales portales de internet y se comprueba que siguen anunciándose sin pudor.

Las páginas web que ofrecen viviendas de alquiler turístico disponen de menos de 15 días para adaptar su oferta a la nueva normativa autonómica, que entró en vigor este martes, coincidiendo con la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB). Esto significa que cualquier vivienda turística que se oferte en internet o en cualquier otro canal tiene que llevar inscrito su número de registro.

La directora general de Turisme, Pilar Carbonell, anunció que en los próximos días se enviará un requerimiento a las principales plataformas de comercialización para informar de las nuevas obligaciones legales y se les dará un plazo de quince días para adaptarse a la normativa. Después de este período, se iniciarán los correspondientes expedientes sancionadores en caso de que las plataformas no faciliten el número de registro de las viviendas. Se enfrentan a sanciones que oscilan entre los 40.000 y los 400.000 euros.

Miles de anuncios

Plataformas como Airbnb todavía no se han puesto al día a pesar de la firme amenaza de ser sancionados con la nueva ley. En una búsqueda realizada esta semana para la isla de Ibiza, en este conocido portal aparecieron un total de 2.967 anuncios de alquileres turísticos entre villas, apartamentos y pisos en bloques plurifamiliares y otro tipo de alojamientos como barcos, casetas o tips. El precio medio por noche ascendía en la búsqueda realizada esta semana a 280 euros, similar al que alcanza la oferta reglada para las próximas semana en Ibiza.

En la inmensa mayoría de los anuncios de Airbnb no figura el número de registro que se exige con la nueva normativa autonómica. La plataforma norteamericana, no obstante, ya recoge un apartado en el que advierte que «las autoridades de algunas ciudades requieren que los anfitriones obtengan un permiso o número de registro para anunciar sus alojamientos en Airbnb». «Esta sección –un apartado de la página web– permite a los anfitriones mostrar dicho número directamente en su anuncio tal y como indica la normativa local. Cabe resaltar que este requisito no se aplica a todas las ciudades y no todos los anfitriones tienen que hacerlo, por lo que la ausencia de dicho número no significa necesariamente que el anfitrión esté incumpliendo la ley», apunta. Además, Airbnb rebaja la amenaza y explica a los anfitriones que en los anuncios de algunas ciudades «también se puede ver ‘Registro municipal pendiente' en esta sección, lo que significa que el anfitrión ha iniciado los trámites de la solicitud del permiso o número de registro y se encuentra aún en proceso». «Las reservas en estos anuncios son totalmente lícitas», puntualiza la web.

Por otra parte, según la consultora Airdna, especializada en el seguimiento de la oferta de Airbnb, en los cinco municipios de isla hay en agosto 5.634 anuncios en activo. 1.664 corresponden al municipio de Vila; 1.349 a Santa Eulària; 492 a Sant Antoni; 1.745 a Sant Josep; y 384 a Sant Joan.

Precauciones

La patronal de alquiler turístico Aptur ya informó este martes a sus socios de Balears de la entrada en vigor de la normativa. En la misiva les recomendó no comercializar las viviendas que no cuentan con la autorización de la Conselleria de Turisme.

Respecto de la posibilidad de seguir alquilando estos pisos a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de carácter estatal y que no contempla ningún período mínimo para alquilar una vivienda, desde Aptur indican que la ley considera turístico cualquier alquiler inferior a 30 días, por lo que sus servicios jurídicos consideran «que con un contrato LAU no se impedirá que pongan una multa».

En este sentido, Barceló recordó esta cuestión e insistió en que el propietario o el comercializador «tendrá la obligación de demostrar que no es alquiler turístico» a los servicios de Inspección, lo que implica un contrato de arrendamiento y el pago de la fianza.

De momento, la entrada en vigor de la normativa no ha alterado la oferta de las plataformas digitales, que todavía no han incorporado el número de registro de las viviendas vacacionales y siguen ofertando pisos turísticos.