El Consell pide a Aena que aumente el número de trabajadores en el aeropuerto de Ibiza

Esta moción, presentada por el PSOE y transaccionada por el Partido Popular, también reclamó al Ayuntamiento de Sant Josep e instó al Departamento de Mobilitat del Consell a que intensifiquen el control de actividades ilegales en el exterior de la terminal del aeródromo. «En vez de contratar más inspectores han contratado a más jefes para dejar colocados a algunos», espetó Roig al equipo de gobierno.

Por otra parte, el pleno también aprobó pedir al Govern que las instituciones insulares participen en la gestión de los aeropuertos además de la apertura de una comisaría de Policía Nacional en la terminal de es Codolar. Un punto, este último, que no contó con el apoyo del PP. «Parece mentira que estas cosas vengan dictadas de una persona que ha sido directora insular del Estado (Sofía Hernanz), lo que demuestra el desconocimiento de sus propias competencias. Ya hay una oficina de la Policía en el aeropuerto, sobre todo en cuanto al tema de extranjería y de control de fronteras. Es un absurdo que ahora vengamos con estas ocurrencias», señaló Vicent Roig.

Unidad del Dolor

Los consellers ibicencos también acordaron por unanimidad pedir al Govern balear la creación de una Unidad del Dolor en el Hospital Can Misses y evitar los desplazamientos a Mallorca de los afectados por dolor crónico. Esta moción fue defendida por Podem–Guanyem.

LA NOTA

Tragsa acondicionará el sendero turístico de Labritja

El Consell d'Eivissa tiene previsto encargar a la empresa pública Tragsa –a través de una encomienda de gestión– la ejecución de las obras del sendero turístico de Labritja, la alternativa al carril bici previsto inicialmente en la reforma de la carretera de Sant Joan que el PP eliminó la pasada legislatura. La consellera de Mobilitat, Pepa Marí, espera que «en los próximos meses» puedan empezar las obras. Marí también avanzó que su departamento está elaborando un contrato por valor de 2,4 millones de euros para la limpieza de las carreteras y rotondas de titularidad insular que incluye el «desbroce, jardinería y recogida de residuos» que todavía no se ha resuleto por la impugnación de una de las empresas. El contrato será de 4 años con 2 más de prórroga.