En la reunión participaron representantes del Aeropuerto, del Ayuntamiento de Sant Josep, de la Guardia Civil o taxistas, entre otros.
Todas las partes coincidieron en que la problemática supera las competencias de las administraciones encargadas del control del transporte de pasajeros y pasa a ser una cuestión de orden público que afecta al normal funcionamiento de las instalaciones, daña la imagen que se muestra a los visitantes y supone una competencia desleal para taxistas y empresas legales de Vehículos de Transporte por Carretera.
La consellera de Movilidad, Pepa Marí, aseguró que, al no poder erradicarse con controles puntuales esta problemática fuera del Aeropuerto, se ha alcanzado dicho acuerdo. Además, la presencia de la Guardia Civil y la Policía Local será complementada con la asistencia de informadores, tanto de asociaciones de taxistas y transportistas, como de Aena, incrementándose las advertencias a los pasajeros.
Marí pidió a Aena un incremento "notable" de agentes de seguridad en el exterior de las instalaciones donde se captan clientes. Por parte del Consell, dijo, los inspectores seguirán a disposición del Aeropuerto para continuar con labores de control y denuncia del transporte ilegal.
El Consell aseguró además haber mejorado la señalización, información y conexiones con el transporte público y taxi legal en el Aeropuerto.
La institución "asume su responsabilidad y el trabajo que le corresponde, pero esta labor será insuficiente si Aena y la Dirección General del Estado no se implican más y no ponen más recursos en la mejora de la seguridad de la zona 'tierra' de las instalaciones aeroportuarias y en la lucha contra el intrusismo en el transporte".
Marí también hizo suya una petición del Govern sobre la "descentralización y cogestión aeroportuaria" ya que "el Consell deben poder formar parte de los órganos de administración del Aeropuerto para que problemáticas como el transporte ilegal puedan ser tenidas en cuenta".
La institución reclamó una adecuada compensación por destino para los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, garantizando una adecuada dotación de las plantillas.
LA NOTA
Cogestión aeroportuaria
La portavoz del Govern, Pilar Costa, admitió el viernes que el Ejecutivo no dispone todavía de la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar la ley turística que regula el alquiler de viviendas y la extiende a las plurifamiliariares. Costa señaló que «hasta el día del pleno hay tiempo para seguir negociando» e hizo un llamamiento a la «responsabilidad» de los grupos. Esta ley sólo puede salir adelante con el apoyo de Podemos y es imposible contar con el PI, como cuando votó a favor de la ecotasa.
«El Govern no tiene intención de retirar la ley, todo lo contrario», dijo la portavoz. Lo que sí admitió es que «es posible que no pueda salir al cien por cien tal como estaba planteada».
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