Nuestros gobernantes se llenan la boca con términos como ‘emergencia habitacional' o planes de inspección y sanción, pero lo cierto es que no se acaban de adoptar medidas de calado que acaben con este tipo de tropelías o que, al menos, reduzcan la maldita sensación de impunidad que flota en el ambiente de la isla.
El ‘todo vale' aviva los deseos perversos de los infractores, que en muy contadas ocasiones reciben la reprimenda que sin duda merecen. En unos bajos comerciales de ses Figueretes, hace años su propietario modificó de manera irregular los usos comerciales del suelo para hacerlo residencial y alquilar las estancias a turistas. Lo mismo sucede y a mayor escala con una mansión ubicada en Sant Antoni cuyo dueño ha transformado en una suerte de albergue ilegal con 50 habitaciones y capacidad para más de 100 personas.
La mayoría de las administraciones con competencias lo saben desde hace tiempo y han iniciado procesos sancionadores pero, a día de hoy, estos explotadores siguen campando a sus anchas. La falta de personal y los farragoso trámites administrativos –me resisto a pensar en una ausencia total de voluntad política– acaban dejando caer este tipo de infracciones (o incluso delitos) en saco roto.
También hemos seguido con especial interés esta semana la huelga indefinida iniciada por las trabajadoras de la subcontrata de limpieza del aeropuerto de Ibiza, que acumulan tres mensualidades y media sin cobrar. Estas son las consecuencias de privatizar servicios públicos y esenciales para los ciudadanos. Cuando los concursos públicos y las licitaciones se realizan a la baja pasan estas cosas. Es una auténtica vergüenza que las administraciones permitan que se adjudiquen servicios adjudicando a subcontratas como KLE que acaban desentendiéndose de sus plantillas y marchándose del país por patas. Lamentable.
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