Es de justicia reconocer los importantes avances que se están haciendo en Eivissa en los dos últimos años en materia de suministro de agua por parte del Govern, Consell Insular y Ayuntamientos. Pero del mismo modo hay que denunciar la absoluta ineficacia a la hora de afrontar la problemática del acceso a la vivienda, que a cada día que pasa es más grave y dramática. El sábado de la semana pasada se llevó a cabo una concentración de la Plataforma de afectados por los alquileres junto a la Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH), que concentró a unas 250 personas en el Parque de la Paz de Vila. No se explica por qué razón siendo el problema tan grave y que afecta a tantas personas, acuden tan pocas a un acto de protesta. O quizás sí tiene explicación y es que la gente ha pedido la confianza en que los políticos sean capaces de solucionar el problema. No es de extrañar, porque viendo en la concentración a tantos cargos públicos de Podem Eivissa, incluyendo a la vicepresidenta 1ª del Consell y consellera de Vivienda, Viviana de Sans, protestando como si fuera una activista más sin otra responsabilidad, pues la gente no se lo traga. A De Sans le corresponde ahora solucionar el problema, no protestar porque no se soluciona, como si ella no fuera la consellera de Vivienda.
Desde el Consell se insiste en que no tienen competencias y que si no se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, no hay nada que hacer. Sin embargo, en Barcelona Ada Colau sí que está llevando a cabo una guerra sin cuartel a los pisos de alquiler turístico. En Valencia, la Agencia Valenciana de Turismo ha sancionado a varias plataformas de alquiler vacacional con multas de hasta 120.000 euros. Pero aquí, la campaña de inspección que el año pasado lanzó el Consell se cerró con menos de un centenar de denuncias, según dijo De Sans en el ‘Consell a la Plaça' de Sant Antoni. Una cifra manifiestamente exigua dada la proliferación de pisos que se alquilan a turistas por internet de forma ilegal. Igualmente sabemos que en Ibiza tan solo 72 viviendas se dedican al alquiler social. ¿No parece una cifra muy baja teniendo en cuenta la ‘emergencia habitacional' que padece la isla?
Hay mucho por hacer y la falta de eficacia en abordar esta problemática no se camufla con propuestas un tanto peregrinas, como la lanzada por el president del Consell, Vicent Torres, que pide al Ministerio del Interior que construya 85 pisos de 50 m2 en el solar anexo a la Comisaría de Policía de Vila, para que los agentes puedan alquilarlos. Se trata de una propuesta peregrina porque Interior no construye pisos, construye comisarías si acaso. Y en todo caso Torres puede plantear la misma propuesta a la Conselleria de Educación, para que construya pisos para los profesores; a la Conselleria de Salud, para que construya pisos para el personal sanitario, etc. ¿Por qué no lo hace?
• No hay suelo.
Además, esta semana hemos sabido que dentro de un año ya no habrá suelo disponible para edificar en Vila, lo cual agravará aún más la situación si no se toman medidas. Así lo advierte un informe de Tinsa. En esta coyuntura es absolutamente lógico que el precio de los pisos se haya disparado, lo que hace aún más difícil el acceso a la vivienda. Y ahora ya pueden manifestarse los de Podem o salir en procesión, lo que más les apetezca. Aunque quizás mejor dejar las pancartas y ponerse a trabajar, que para eso cobran.
• ‘Mobbing'.
Si alguien tuviera dudas sobre la veracidad de la denuncia interpuesta por un supuesto acoso laboral por parte del jefe de la Policía Local de Sant Antoni, la temeraria maniobra del equipo de gobierno de intentar apartarle del cargo parece corroborar el acoso. Dadas las circunstancias, lo prudente hubiera sido que el alcalde Josep Tur ‘Cires' hubiese esperado a ver lo que sucede con la denuncia, pero pareciera que las ansias de venganza le han superado. El pleno del Ayuntamiento aprobará previsiblemente enviar al Consell Consultiu el nombramiento de Francisco Javier Verdugo, para que se pronuncie sobre su legalidad. Es curioso que ahora se pongan tan tiquismiquis, cuando ahí tienen a la directora de Seguridad, Ángeles Gallardo, con una sentencia que anula su nombramiento y que el consistorio se niega a acatar y la ha recurrido.
Si no hay acoso laboral contra Verdugo, lo cierto es que lo parece. Y siendo ello muy grave, lo es aún más que eso lo hagan políticos socialistas, a quienes se les presume en teoría cierta empatía por los trabajadores. Está claro que no es el caso y que Aída Alcaraz, con el respaldo rotundo del alcalde y de la FSE-PSOE, quiere cobrarse la cabeza de Verdugo por no aceptar a Gallardo por encima de él y encima, irse al juzgado a denunciar a la concejala. Pronostico que el asunto acabará mal, porque las cosas en Sant Antoni no se pueden estar peor. Feliz domingo.
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nadie quiere tocar la patata caliente de la vivienda.