Anulan la oferta de empleo de 2016 de Vila por infringir la Ley de Presupuestos

La citada oferta incluía 6 plazas de auxiliar administrativo, una plaza de letrado, una de monitor sociocultural, 7 plazas de Policía Local, una de celador turístico comercial y una plaza de operario de limpieza. Respecto a las plazas de la Policía Local, la Delegación del Gobierno no pone inconvenientes aunque insta al Consistorio a que presente la documentación acreditativa que prevé el artículo 20 donde se permite a los Ayuntamientos la contratación de agentes de policías siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Críticas del PP

La portavoz del PP de Vila, Virginia Marí, acompañada de la concejala popular María Fajarnés, convocó ayer una rueda de prensa para acusar tanto al alcalde, Rafa Ruiz, como al primer teniente de alcalde, Alfonso Molina, de «bordear la ilegalidad» con la aprobación de estas plazas que «vulneran la legislación vigente». También hubo críticas al Govern balear «por ser cómplice de esta irregularidad al archivar y dar por buena la oferta de empleo público del Ayuntamiento sin plantear duda alguna».

Por este motivo, Marí pidió al equipo de gobierno que se replantee también la oferta de empleo público aprobada en los presupuestos para este año, ya que de lo contrario, advirtió, «tiene todos los números para que la anulen» al aumentar en un 1,6 por ciento el capítulo de personal incumpliendo así la normativa estatal. «Que no nos digan que no queremos que haya más policías. Pero las leyes están hechas para todos y se tienen que cumplir», añadió.

Virginia Marí también anunció que la intención del Partido Popular es crear una comisión en el Congreso de los Diputados que plantee la posibilidad de que los Consistorios con una buena situación económica puedan superar el límite de gasto que actualmente permite la popularmente conocida como ‘ley Montoro'.

La portavoz popular también destacó «el gran malestar» que existe en estos momentos entre los trabajadores del Ayuntamiento por no existir una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) donde se reflejen las necesidades laborales del Consistorio, así como las competencias de cada categoría. «Estamos reclamando la RPT pleno tras pleno. Si la tuviéramos se sabrían las necesidades reales del Ayuntamiento y no se superaría la legalidad», afirmó.

María Fajarnés, por su parte, denunció que los responsables municipales de Vila hayan cubierto una serie de plazas «de manera ilegal», por lo que pidió responsabilidades por acometer estas irregularidades. «No se trata de una decisión técnica sino política», recalcó.

María Fajarnés aseguró que la anulación de esta oferta de empleo «deja en el aire toda la política municipal en materia presupuestaria» y aseguró que, si el Ayuntamiento no recurre esta decisión de la Delegación del Gobierno, las personas que ocupan estas plazas irregulares deberían dejar su puesto de trabajo.

Interpretación incorrecta

La respuesta por parte del Ayuntamiento de Vila llegó en boca del primer teniente de alcalde. Alfonso Molina consideró «incorrecta» la interpretación que la Delegación del Gobierno hace de la ley y explicó que la oferta municipal de empleo de 2016 se limita a transformar una serie de plazas que no eran necesarias en otras que sí lo son. «Bastantes limitaciones tenemos ya con la ley Montoro como para que nos obliguen a tener una plantilla inamovible», señaló Molina quien recalcó además que, en ningún caso, se ha aumentado la plantilla municipal.

Molina desmintió también que los trabajadores contratados deban dejar su puesto de trabajo tras recibir este requerimiento y matizó que la única consecuencia que podría tener esta decisión es que, dentro de unos años, estas plazas no se pudieran convertir en fijas.

Desde el Ayuntamiento, enviaron además un comunicado de prensa donde explicaron que el requerimiento de la Delegación del Gobierno está siendo revisado por los servicios técnicos y jurídicos municipales y que el Ayuntamiento «presentará en breve toda la documentación solicitada respecto a las plazas de policía local». Respecto al resto de plazas, se limitaron a decir que «todavía no se ha tomado una decisión por parte del equipo de gobierno».