R.I.Eivissa05/07/16 0:00
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Los cerca de 300 abogados adscritos en Eivissa y Formentera a los servicios de turno de oficio y de asistencia letrada al detenido atendieron en el primer semestre de este año un total de 2.862 casos de asistencia jurídica gratuita, de los que 1.688 correspondieron exclusivamente al turno de oficio y 1.174 a las asistencias realizadas en los centros de detención, según los datos ofrecidos ayer por el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Balears (ICAIB, Martín Aleñar, y la letrada Carmen López, responsable de la comisión del turno de oficio y miembro de la junta de gobierno de la corporación colegial. Ambos destacaron el «enorme esfuerzo» que día a día realizan los abogados del turno de oficio para «garantizar la defensa y el acceso a los tribunales de las personas que, por razones económicas o de índole personal, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad», explicaron ayer a través de un comunicado.

Según los datos ofrecidos por la ICAB hasta junio, los abogados de oficio atendieron 16 casos diarios. Los datos muestran una «tendencia a la baja que experimentan los casos de incidencia penal» ya que en este caso disminuyeron un 4%, mientras que aumentan los asuntos de justicia gratuita en los ámbitos civil y laboral, donde se atienden algunas de las circunstancias más directamente relacionadas con la situación de «recesión económica» que ha crecido un 8,23% y un 7,84%, respectivamente.

La cantidad de casos atendidos en Eivissa y Formentera pone de manifiesto, según explicó el decano Martín Aleñar, la importancia de la función social de la abogacía adscrita a los servicios del turno de oficio y la asistencia letrada al detenido. El esfuerzo de los abogados de oficio, según preciso Aleñar, «no se ha visto recompensado nunca por los sucesivos gobiernos», por lo que añadió que «debemos insistir en exigir a la clase política, de una vez por todas, que asuman su responsabilidad y adopten las medidas necesarias para mejorar la inversión pública y dignificar el trabajo de unos profesionales que, no debe olvidarse, garantizan la defensa de los colectivos y personas más vulnerables y la igualdad de todos ante la justicia». En este sentido, el decano recordó que la compensación económica (apenas alcanza los 110 euros por expediente) no compensa «ni de lejos el trabajo, la entrega y las muchas horas que invierte cada letrado en defensa de los usuarios de la justicia gratuita», concluyó el decano.