El dinero responde a la suma de las cantidades que aportaron en el año 2000 para poder construir en la zona –en base al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente (aprobado en 1987) y del cálculo de los intereses por el tiempo transcurrido sin que se haya producido compensación alguna por el cambio de clasificación de los citados terrenos, que se produjo en 2009. Entonces, el nuevo PGOU aprobado por el equipo de gobierno de la socialista Lurdes Costa, incluyó la protección de ses Feixes de Vila, que pasaban de urbanas a ser consideradas rústicas.
Los solares que deberían ser devueltos, según los propietarios, son los que estos cedieron al Consistorio a cambio de la referida urbanización del humedal.
Virginia Marí
La actual alcaldesa, Virginia Marí, conoce ambas reclamaciones ya que los propios propietarios se las hicieron llegar hace tan sólo unos días.
Se da la circunstancia de que, precisamente a raíz de una denuncia de los propietarios de una de las áreas de ses Feixes –la denominada ‘Unidad de Actuación número ocho' (UA-8)– el PGOU del 2009 ha quedado anulado por un defecto de forma. Aun así, ses Feixes continúan protegidas en base a un Decreto-Ley autonómico. Además, en base a las declaraciones políticas que se han ido produciendo, los propietarios entienden que el próximo PGOU que se apruebe también clasificará como rústico los solares.
Ante esa posibilidad, los titulares de las fincas –agrupados en la citada UA-8 y en la UA-12– advierten de que si tienen que renunciar definitivamente a construir en la zona la administración local les deberá compensar.
Para sustentar esa petición apelan a la historia reciente. Recuerdan que a finales de los años 90 presentaron estudios de detalle para la posterior urbanización de la zona que fue aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento; que posteriormente los propietarios de la UA-12 y de la UA-8 abonaron 52 millones y 72 millones de pesetas de entonces respectivamente (más de 700.000 euros en total), que cedieron los solares que se les reclamaban y que pagaron todos los gastos que se derivaron de los preceptivos proyectos de urbanización y electrificación; proyectos que, siempre según los propietarios, permanecieron olvidados en los cajones de los responsables políticos durante años. Además, los afectados recuerdan que desde 1987 hasta 2009 –cuando se aprueba el nuevo PGOU– han estado pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que corresponde a terrenos urbanos, considerablemente más caro que el que se paga por terrenos de otra índole.
Si la compensación no llega, los propietarios de ses Feixes continuarán pleiteando.
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