EIVISSA. HOSPITAL DE CAN MISSES DE EIVISSA.

Imagen del acceso del hospital de Can Misses. | Marco Torres

L. AversaEivissa07/09/12 0:00
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El IB-Salut comunicó ayer que no tiene constancia de que se haya cobrado la atención sanitaria a un menor o a una embarazada en situación de inmigración irregular, tal y como denunció públicamente la Plataforma por la Convivencia de Eivissa. Según el portavoz del servicio de salud, no les consta «en absoluto» que se hayan dado estos casos, aunque indicó que si se denuncian ante el Servei de Salut «se estudiará si ha habido algún error». «Pero en principio, me confirman que no se ha emitido ninguna factura a ningún menor ni ninguna embarazada», insistió y reiteró que «estos grupos tienen garantizada la atención gratuita» a pesar de que la nueva ley sanitaria deja sin cobertura a los inmigrantes irregulares y les hace pagar por la asistencia o contratar un seguro de 60 euros al mes.

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, el pasado 1 de septiembre, el IB-Salut no ha registrado ningún caso de cobro a ningún inmigrante, según informó ayer el portavoz.

Por su parte, Alda Yurramendi, representante de la Plataforma por la Convivencia, que agrupa a los colectivos de inmigrantes, aseguró ayer que los casos de cobros a una mujer embarazada y a un menor son reales, aunque no tiene las facturas para demostrarlo. «Como la gente no quiere dar la cara ni hablar porque tiene miedo, ni siquiera nos podemos hacer con una factura. La única que tenemos es de una chica que fue a Urgencias porque estaba con fiebre y muy mal de la garganta y le cobraron», señaló Yurramendi.

Al respecto, según el portavoz del IB-Salut, esta factura fue cobrada correctamente, porque la paciente no era menor ni estaba embarazada.

«La trataron mal»

Una copia de este factura fue remitida a la consellera de Bienestar Social, Mercedes Prats, y, según Yurramendi, fue cobrada en junio, antes de que la ley entrara en vigor. «Le querían cobrar 85 euros y a ella no le alcanzaba; aparte la trataron mal, le hablaron mal de los inmigrantes, y al final le cobraron 70 euros», denunció Yurramendi.

La portavoz de la plataforma insistió en que los otros casos de la embarazada y el menor existieron y criticó que el IB-Salut «niega muchas cosas».

Cabe recordar que la Plataforma por la Convivencia quiere que el Govern demuestre «un mínimo de humanidad» y suavice la ley sanitaria en la Comunitat balear, al igual que harán otras comunidades como Galicia.