La ley de medidas urbanísticas urgentes es una ley promovida desde la macroconselleria que dirige Biel Company, que el viernes anunció su incorporación al PP para ocupar un cargo en la dirección. «Esta ley es un asalto a la arquitectura territorial de Balears», dijo el portavoz adjunto del PSIB.
La era Matas
Más duro se mostró el diputado Antoni Alorda (PSM-IniciativaVerds-Entesa), que señaló que «volvemos a las normas de Jaume Matas y a las de su director general, Jaume Massot, que ahora está en la cárcel». Mabel Cabrer (PP) dijo que esta declaración es una muestra de «la demagogia» de la oposición.
La diputada popular Virtudes Marí explicó que se han aceptado algunas enmiendas de la oposición, como una del PSM para dar cobertura legal a los ayuntamientos para que puedan multar a los propietarios de los edificios que no quieran pasar inspecciones técnicas. «Los ayuntamientos no podían poner sanciones y todo quedaba en papel mojado y ahora se crea esta nueva infracción urbanística, que es un tema muy importante para mejorar la calidad del parque de viviendas», indicó Marí, que señaló que también han llegado a un acuerdo con el PSOE para que las cesiones en suelo urbano y urbanizable sean del 15% y para la simplificación de los trámites en la delimitación de ámbitos de actuación. Asimismo, se ha pactado otra enmienda con el PSM sobre las competencias de tramitación de los expedientes de disciplina urbanística.
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