Los vecinos de la carpintería Alba insisten en que se impute a la secretaria y al aparejador municipal

Los vecinos, personados como acusación particular, siguen insistiendo en que se impute a la secretaria del Ayuntamiento de Sant Josep, María Domingo, al aparejador municipal, Julio Blanco, y al propietario del negocio, Francisco Alba, ya que no entienden por qué se ha archivado el caso contra ellos.

Ahora la Audiencia ha anulado la resolución de la juez de Eivissa que confirmó que estas tres personas no debían ir a juicio porque no se ha motivado lo suficiente. El tribunal obliga a dictar «un nuevo auto con todos los pronunciamientos oportunos». De hecho, la Audiencia califica de «sorpresivo» que la juez no quisiera contestar a las razones argumentadas por los vecinos solo porque ella es una juez sustituta y no fue quien adoptó la resolución recurrida.

Para los vecinos no existe duda sobre la prevaricación, ya que había dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJB), una del 94 y otra del 95 que confirmaban la ilegalidad del edificio y la denegación de licencia de actividad de carpintería. Según la acusación particular, estos fallos eran perfectamente conocidos por el aparejador y la secretaria. «Es más que evidente que cualquier conducta, actuación o informe de éstos tendente a perpetuar la ilegalidad de la construcción y de la actividad son manifiestamente contrarias a derecho», argumentan los vecinos, que recuerdan que los funcionarios deben «velar por los intereses generales». «La legalización de una actividad clandestina e ilegal y de un edificio ubicado en suelo protegido e ilegalizable es merecedora de un examen más detallado de su posible criminalidad», añaden.

Respecto al propietario de la carpintería, creen que «alguna responsabilidad tendrá» al haber promovido una construcción en un lugar protegido y «haber continuado con la actividad molesta, nociva, insalubre y peligrosa clandestinamente durante tantos lustros». «El imputado se saltó a la torera normativas urbanísticas y de actividad, órdenes de cese municipales, precintos policiales, sentencias, ¿se puede asegurar ya tan rotundamente, sin conocer los escritos de acusación y sin juicio previo, que todo ello no reviste delito alguno?», se preguntan.