Una de las votaciones que se llevaron a cabo ayer en el pleno que se prolongó casi cinco horas. | Guillermo Romaní

En la maratoniana sesión plenaria del Consell de Formentera celebrada ayer a la que se sumará el pleno extraordinario de hoy sábado, fue y será tema estelar el impago por parte del Govern balear de la deuda de 13,5 millones de euros que tiene con el Consell de Formentera, circunstancia que obliga a la primera institución de la isla a solicitar un crédito para pagar los 8.479.870 euros millones que actualmente debe a proveedores.
El conseller de Economía y Hacienda de Formentera, Bartomeu Escandell, denunció la solución arbitrada por el gobierno central del PP que mediante un Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, porque en definitiva condiciona las cuentas del propio Consell que para cumplir la norma se verá obligado a solicitar un préstamo y así satisfacer las deudas a proveedores sin que el primer deudor del Consell, la CAIB, se vea obligada a abonar sus deudas con el propio Consell, unas deudas que exceden en 5 millones de euros las que Formentera tiene con proveedores.

Compensaciones
Escandell defendió una moción en la que se planteaba «instar al Govern a pagar sus deudas para no tener que endeudarse el Consell», que el propio Govern «incluya en la lista de proveedores de servicios de la CAIB a los consells y ayuntamientos y así acogerse al Real Decreto Ley 4/2012 para así pagar su deuda con las administraciones», y en un último punto se pide a que en caso de que el Govern no haga efectivas sus deudas, que al menos «compense por cualquier medio el coste de los intereses y otros gastos a los que el Consell habrá de hacer frente atendiendo al nuevo endeudamiento y que son consecuencia directa del hecho de que la Comunitat Autònoma no ha pagado en tiempo y forma las cantidades que debe al Consell».
Escandell denunció que inexplicablemente el Real Decreto Ley no recoge ni obliga al Govern a pagar sus deudas y remarcó que si el Consell debe endeudarse «habremos de incrementar la deuda de las entidades financieras pasando de los 4 millones que había hasta ahora hasta los 12,5 millones y al mismo tiempo habremos de asumir intereses y gastos lo cual acabará provocando restricciones y recortes presupuestarios de servicios hacia los ciudadanos porque desequilibra totalmente las cuentas ya que tendríamos una deuda de 12,5 millones cuando los presupuestos son de aproximadamente 22 millones».
El plan de ajuste que hoy se debatirá y aprobará en pleno extraordinario contempla, ante la falta de pago institucional, una subida de impuestos, una revisión del catastro y los valores catastrales, la venta de solares propiedad del Consell y la cesión a cargo de un cánon anual de la explotación del aparcamiento soterrado de la Plaza Europa de es Pujols. En el tema impositivo el Consell estudia su margen de movimiento de subida para sufragar los intereses porque en ningún caso nos planteamos la rebaja de los servicios a los ciudadanos.
Las condiciones del préstamo ICO no están perfectamente definidas pero parece que los intereses serán del 5 por ciento, dos años de carencia dentro de un total de diez para la amortización total, lo cual grosso modo dijo el conseller de Economía, supondrá 550.000 euros anuales sólo en intereses

Deuda desmesurada
Sobre el monto de la deuda 8,5 millones que el PP señalaba desmesurada comparada con la del Consell de Eivissa, alrededor de los 10 millones, Escandell señaló que «eso es porque hemos hecho nuestro trabajo y en el grado de cumplimiento de las inversiones estatutarias Mallorca está en el 34%, Eivissa en el 35%, Menorca en el 1,9% y Formentera se sitúa en el 54,3% es decir, debemos más porque hacemos más con los fondos comprometidos por el propio Govern».

Los populares cierran filas

Por su parte, el presidente del PP de Formentera, delegado del Govern en la Pitiusa menor y portavoz en el Consell, José Manuel Alcaraz, aludió a la «enorme deuda con la que se han encontrado los gobierno de Madrid y de la CAIB y ha sido el PP el que ha cogido el toro por los cuernos y ha puesto fin al despilfarro» y señaló que quienes más sufren esa situación «son los proveedores, las pequeñas y medianas empresas», pero indicó que «el Govern no puede endeudarse más y lo que han de hacer -dijo al equipo de gobierno-, es negociar para que la deuda del Govern se la paguen lo más pronto posible pero de momento su obligación es pagar a los proveedores». Que el Govern pagara los gastos de amortización y los intereses le pareció al PP fuera de sentido y acabó tachando al equipo de gobierno de ‘irracional' para posteriormente afirmar que «no hay equipo de gobierno ni nada, están de huelga desde el principio de esta legislatura».

CUATRO PROPUESTAS
El PP defiende la reforma laboral y dice que no es lugar para tratarla
El conseller del PP Juanma Costa señaló que en el pleno se habían presentado cuatro propuestas de acuerdo dirigidas a modificar leyes, decretos o normativas del PP tanto en Madrid como en Balears. «No es este el sitio para estas cuestiones sino que lo son los parlamentos de Madrid y Mallorca», señaló al referirse a la propuesta en la que se instaba al Gobierno central a presentar un texto alternativo a la Reforma del Mercado Laboral.

INFRAESTRUCTURAS
Aprobada la tramitación de la circunvalación de Sant Ferran
El Consell aprobó ayer, con la abstención de PP y GUIF el proyecto básico de ejecución y la tramitación de la adjudicación del vial de circunvalación de Sant Ferran que saldrá a concurso por 2,4 millones de euros. Defendió el proyecto el conseller de Infraestructuras, Santi Juan que señaló que se descongestionará el tráfico interior del núcleo urbano y se ganará espacio en aparcamientos en los lados de la vía perimetral.

UNANIMIDAD
Solo hubo consenso con las instalaciones deportivas
El Reglamento de Instalaciones Deportivas fue el único punto que se aprobó por unanimidad, ya que PP y GUIF se abstuvieron en la mayoría de las votaciones a excepción de la referida al mantenimiento e incluso la ampliación de la oferta formativa en FP, manteniendo por cuestiones específicas de insularidad y de problemas de estudio en los jóvenes la formación presencial, en la que el GUIF votó con el equipo de gobierno.