Sant Josep aprobó ayer incluir en sus presupuestos de 2012 el pago de una indemnización de más de 400.000 euros por la adjudicación ilegal de una concesión de hamacas en Cala Vedella efectuada en 1996. Esta aprobación responde a una orden judicial que exige el abono íntegro de la cantidad reclamada, que aún no se sabe con exactitud porque habrá que sumarle intereses.
De todas formas, el cumplimiento de esta sentencia afectará a las inversiones municipales del año próximo, según aseguró la alcaldesa Neus Marí Berris, que recordó que el presupuesto municipal ya está «muy limitado por el plan económico financiero».
En el pleno de ayer se estrenaron PP y Nov-A como equipo de gobierno y PSOE-Pacte como oposición y tuvieron su primera polémica en torno a esta sentencia. La concejala de Cultura, Educación y Playas, María José Ribas, fue la encargada de leer el auto que rechaza el aplazamiento de los pagos que había solicitado el anterior gobierno de PSOE-Pacte desde que recibió la resolución judicial en 2009.
Los retrasos
«Esto de retrasarlo también ha hecho que nos suba mucho y que ahora el juzgado nos diga que ya está bien de hacer el asno», aseguró la edil, en referencia al auto que indica que por «la falta de diligencia y los obstáculos» que puso PSOE-Pacte para retrasar el pago supondrá un incremento del 2%.
«El asno solamente lo hacen los asnos», respondió el portavoz de la oposición, Josep Marí Ribas Agustinet, quien destacó que esta sentencia «es una patata creada por un anterior equipo de gobierno que tiene más que ver con ustedes que con nosotros» y que justificó el intento de retrasar su cumplimiento en un intento de «defender los intereses municipales de un abuso de una mala gestión anterior». «Este ayuntamiento tendrá que pagar, pero nosotros reclamaremos que repercuta en aquellos que tomaron la decisión muy desacertada como se ha demostrado», dijo Agustinet en referencia al gobierno de Vicent Serra Escandell [del que formaba parte Josep Marí Prats Berris, padre de la alcaldesa] que otorgó esta concesión a la Asociación de Vecinos de Cala Vedella de forma irregular.
Ribas se quejó de que al actual equipo de gobierno se le acuse «de una cosa que pasó no sé cuando». «Tenemos todos un poco de culpa porque si se hubieran presentado las cosas en plazo la cantidad no hubiera llegado a ser tan grande», concluyó.
El auto judicial también indicaba que si no se asumía el pago la alcaldesa recibiría multas por 600 euros cada quince días hasta que el abono se hiciera efectivo.
Diez años para reclamar que se cumpla la sentencia
Cabe recordar que lo curioso de este caso es que la persona que recurrió la adjudicación del servicio de playas es Lidia Moreno, la sobrina política del excomisario de Policía Ángel Marí, que a su vez era el representante legal de la Asociación de Vecinos de Cala Vedella, a la que se le otorgó la concesión, y que es el padre del actual concejal de Urbanismo Javier Marí Álvarez. Es decir, que Moreno recurrió la adjudicación de hamacas y sombrillas que el Ayuntamiento le dio a su tío. Asimismo, cabe indicar que Moreno y toda la familia del excomisario cuentan con numerosas adjudicaciones de hamacas en el municipio, a las que concurren con empresas de nombre diferente que compiten entre sí.
Asimismo, aunque la sentencia que originó la indemnización fue dictada en 1999, no fue reclamada por Moreno hasta 2009.
Seis dedicaciones exclusivas, igual que PSOE-Pacte
El equipo de gobierno aprobó ayer las retribuciones de la Corporación que son similares a las que tenía PSOE-Pacte, según indicó la alcaldesa Neus Marí Berris. De esta forma se aprobó que la alcaldesa tendrá dedicación exclusiva con un salario de 51.300 euros brutos anuales; Serafín Grivé como segundo teniente de alcalde con dedicación exclusiva tendrá una retribución de 38.600 euros, al igual que María Ribas Ribas como tercer teniente de alcalde.
Por su parte, el regidor de Urbanismo Javier Marí Álvarez tendrá dedicación exclusiva y será el portavoz municipal con una retribución de 38.600 euros al año y Encarna Castro como concejala tendrá dedicación exclusiva 37.000 euros.
La edil Marilina Ribas Cardona percibirá 37.000 euros anuales y Josep Marí Ribas Agustinet, 25.000 euros anuales. El resto de los ediles cobrará indemnizaciones.
3 comentarios
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-Porque no se aprueba una ley, y el que la cage, que page con la carcel o con sus bienes, si pone sus bienes a nombre de terceras personas, como habra tenido que firmar esa tercera persona a la carcel por complice ya que ha permitido que hubiera dolo. Mas de uno se lo pensaba bien y no me tia tanto la pata.
Las chapuzas del PP las tenemos que acabar pagando entre todos.Este caso es un autentico sainete,con su alcalde,comisario,sobrina del comisario,hijo concejal,alcaldesa hija de ex concejal.¡Y los que no salen!Parece el "Salvame Deluxe!
Que pague el que cometió la ilegalidad y no el pueblo