El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, aseguró ayer que coinciden «totalmente» en la parte del análisis jurídico realizado por el Consell que asegura que la Administración no está obligada a pagar indemnización a Cretu debido a que ha construido más de lo que marcaba la licencia. Así lo avala numerosa jurisprudencia aportada por la institución insular.

«Nosotros pensamos que tenemos una responsabilidad nula y que no tenemos que indemnizar, pero en caso de no ser así, sólo deberíamos pagar el precio de obra, que ellos fijaron en su día en 1,2 millones de euros; Cretu pide 20 ¿A santo de qué pide 20?», se preguntó Pantaleoni, que cree que aún poniéndose «en el peor de los casos», en el que deberían pagar el valor de la obra, esto se podría compensar con lo que les tendrá que abonar el músico rumano en concepto de cuatiosas sanciones por todo lo que ha construido ilegalmente. «Nos podríamos encontrar con que, al final, Cretu nos tenga que pagar más que nosotros a él», indicó el teniente de alcalde, que avanzó que están trabajando en el expediente de infracción urbanística pero todavía no tienen una cifra cerrada de lo que les tendrá que ingresar el músico rumano. Hay que recordar que la casa Cretu, que fue demolida por orden judicial, era tres veces más grande de lo que estipulaba la licencia ilegal concedida por el Ayuntamiento.

Sin cerrar

El expediente de infracción todavía no está cerrado porque se está pendiente de acabar de arreglar el tema de la demolición. Medi Ambient investigó si la empresa que realizó el derribo enterró materiales inadecuados en la montaña y aunque en principio los agentes ambientales no vieron nada irregular, el Ayuntamiento de Sant Antoni todavía no ha recibido la confirmación de ello por parte de la Conselleria.

En el Ayuntamiento aseguran que los informes técnicos y jurídicos aprobados por la comisión de Urbanismo y Patrimonio del Consell (Ciotupha), que dan soporte a la tesis de inexistencia de derecho al cobro de la indemnización, les serán «favorables y útiles».

Ahora que el Consell ya se ha pronunciado y ha dicho que no tiene responsabilidad en el otorgamiento de la licencia, Pantaleoni indicó que el Ayuntamiento tendrá que emitir una conclusión sobre lo que piensa que tiene que pagar de indemnización a Cretu. Una vez hecho, se tendrá que enviar al Consell Consultiu para que conteste. Será entonces el momento de que las partes se pronuncien y acepten o no la resolución avalada por el Consell Consultiu. En caso de que Cretu no acepte, irá a los tribunales, algo bastante probable, según Pantaleoni.

El Ayuntamiento insistirá en que el Consell sí es responsable de la ilegalidad de la licencia

El Ayuntamiento de Sant Antoni cree que el expediente de responsabilidad patrimonial de Cretu llegará a los tribunales y en ese momento volverá a insistir en que el Consell d'Eivissa tiene parte de responsabilidad en el otorgamiento de la licencia de la casa Cretu, que fue declarada ilegal por los triunales. El Consistorio se basa en que el Consell emitió un dictamen en el año 95 en el expediente de autorización del proyecto. Más tarde emitió dos informes de asesoramiento a petición de Sant Antoni. Sin embargo, el Consell considera que no tiene responsabilidad porque no le competía pronunciarse sobre si la casa cumplía con las Ley de Espacios Naturales (LEN).

«No quiero pensar que haya ninguna razón de color político», indicó Pantaleoni, quien asegura que les hubiera gustado sentirse un poco más respaldados en el proceso. «Este es un paso más del expediente y al final será un juez el que decida, porque no creo que la resolución del Ayuntamiento sea aceptada por Cretu», añadió el teniente de alcalde.

La oposición

PSOE-ExC

Piden que los ciudadanos no paguen los errores políticos

El PSOE-ExC exigió ayer al equipo de gobierno que se tenga en cuenta el informe del Consell para que los ciudadanos «no se vean obligados a pagar los errores» de los políticos del PP. También preguntaron cuál es el estado de la liquidación del derribo y cómo ha quedado el tema de las catas sobre el entierro de las ruinas. Asimismo, se interesaron por la situación judicial y la argumentación que seguirá Sant Antoni para hacer frente a la petición de 20 millones de indemnización. «¿Quiénes son los responsables, técnicos y políticos, que nos han llevado a esta problemática?», se preguntan.

Piden que los ciudadanos no paguen los errores políticos