Pese a ello, aseguró que están «dispuestos a negociar» con el PSOE-ExC, aunque matizó que los cambios deben ser de «detalle», siempre derivados de resoluciones judiciales o de nueva normativa. El que se mostró más firme fue el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, Carraca, que aseguró que no apoyará ninguna modificación que restrinja «más todavía el PTI, que ya recortó suficientemente la construcción». Asimismo, criticó que los cambios que quiere hacer el Consell provocan inseguridad jurídica, porque recordó que hace años que están trabajando para adaptar sus Normas Subsidiarias al actual PTI.
NNSS atascadas
El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, abundó en la idea de que tienen el planeamiento urbanístico «atascado» por la «inactividad burocrática» y consideró que los únicos cambios que hay que hacer en el PTI son «modificaciones puntuales». También criticó a los progresistas por «no tener un rumbo claro» en el urbanismo, ya que negociaron con Tarrés unos cambios urbanísticos que quedaron en nada porque el presidente optó por aprobar otro decreto. «Para remachar el clavo presentan dos leyes del suelo», añadió Marí, que considera que no se actúa de forma «seria».
Sala también criticó que ahora los progresistas quieran crear un «nuevo tipo de suelo que no sea ni rústico ni urbano», en relación a la negociación que están llevando a cabo PSOE y ExC para solucionar los urbanizables de Platja d'en Bossa y Cala Tarida.
Por otro lado, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, consideró que también tiene que estar presente en la negociación del PTI porque él mismo está en «desacuerdo» con el documento. En concreto se refirió al problema de los urbanizables de Platja d'en Bossa y Cala Tarida, que han sido declarados suelo rústico por sentencia cuando ya están construidos. «Estoy pidiendo una fórmula que permita que esto no se quede fuera de ordenación, pero también hay otras cuestiones menores en suelo rústico», añadió Agustinet, que indicó que la reunión se había convocado para hablar y para ver cuáles eran los puntos de acuerdo.
Sin acuerdo para los urbanizables a un día del cierre del plazo
PSOE y ExC todavía no han alcanzado un acuerdo sobre el texto que debe legalizar los urbanizables de Platja d'en Bossa y Cala Tarida. El principal escollo es que ExC no quiere que se recalifique a urbano, pero sí quieren que se reconozca que la zona está construida. El PSOE sí es partidario de reclasificar porque consideran que son zonas turísticas cuyos edificios tienen que poder ampliarse y remodelarse para no quedarse desfasados, además de que si no los terrenos no son urbanos no se podrá llevar a cabo el plan de reconversión de Platja d'en Bossa, que prevé toda una mejora de la zona. Por ello no quieren una solución «transitoria» que pueda significar su degradación en el futuro. De hecho, el diputado socialista Joan Boned considera que las diferencias que tienen con ExC no son tanto por poner la palabra urbano o no en el texto, sino por lo que significa que la zona sea urbana y sus posibilidades de crecer. Boned explicó que querían tratar este tema con los alcaldes, pero tras el plantón habrá que esperar a la sesión del Parlament de hoy. Preguntado por si este tema se puede consensuar con el PP, dijo que se intentará, porque además la mayoría en la Cámara no está asegurada. Este texto tiene que estar cerrado mañana, cuando acaba el plazo de presentación de enmiendas para la ley de sa Coma. De todas formas, aunque las enmiendas que se presenten no sean definitivas siempre se pueden negociar con los otros grupos durante la tramitación.
El GEN denuncia a Fiscalía las negociaciones entre Tarrés y el PP
El GEN ha denunciado ante Fiscalía las negociaciones que llevaron a cabo Tarrés y el PP para aprobar una amnistía para legalizar los suelos de Platja d'en Bossa y Cala Tarida, rústicos por sentencia. Los ecologistas también dicen que se pretende que ses Variades (también suelo rústico) sean recogidas con una «inexistente» condición urbana y recuerdan que la reclasificación de esta zona originó la imputación de Sala y Stella Matutes. El GEN lo calificó de «ley a medida» y consideró que podrían cometerse delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y prevaricación.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.