El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Joan remitió ayer al Consell el pliego de alegaciones sobre el proyecto de remodelación de la carretera del municipio (C-733), un documento en el que la Corporación plasma su «total disconformidad» con el modelo del carril-bici que propone la máxima institución y requiere su retirada del proyecto hasta que se elabore «un Plan director del carril bici».
En este sentido, el alcalde Antoni Marí Marí, Carraca, aseguró que, aunque considera «prioritaria y urgente la mejora de esta carretera, es preciso adecuarla a las condiciones actuales de seguridad y comodidad». Marí hizo referencia así a la necesidad de creación de arcenes y a mejoras de las deficiencias del asfalto, aunque concretó que esto no debe suponer «un consumo desorbitado de territorio, con el perjuicio que conlleva a los propietarios la implantación de un carril bici cuyos usos no se ajustan con el esfuerzo que implica».
Para el alcalde, «este tipo de obras deben ejecutarse teniendo en cuenta la orografía de cada enclave y no implantando modelos que no se ajustan a su realidad» ya que, para Marí, este proyecto presenta «multitud de problemas» a lo largo del trazado de la carretera.
Más testimonial que efectivo
Asimismo, el Ayuntamiento recuerda en sus alegaciones que «la propia Dirección General de Tráfico emite directrices donde afirma que, en aquellos casos donde el carril bici sea superior a siete kilómetros, éste es más testimonial que efectivo». Por ello, el primer edil destacó que «no hay ni la demanda social para la creación del modelo que se propone, ni está proporcionado a la efectividad de su implantación».
Marí también recordó que este servicio, en sus 15,5 kilómetros, «no siempre coincide en su trazado con la mejora de la carretera, por lo que obligaría, además, a cambiar el uso del suelo actualmente rústico para su uso como vial, lo cuál se traduciría en multitud de ocasiones a dividir fincas, algo con lo que no podemos estar de acuerdo», remarcó el alcalde, y destacó también que en «los casos en los que un camino rural se convierta en carril bici «éste será compartido por motos, coches y tractores que lo estropearán y desvirtuarán su uso». «¿Quién responderá a las posibles responsabilidades que pudieran darse en caso de accidente?», se preguntó el primer edil.
Por otra parte, en su pliego de condiciones el Consistorio solicita que se amplíe el plazo de exposición pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental por un periodo de quince días. Según destacó el alcalde, el plazo de alegaciones tuvo lugar en agosto, que es el período vacacional de despachos técnicos y profesionales que asesoran a los ciudadanos para hacer sus objeciones al proyecto.
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