La consellera de Afers Socials, Fina Santiago, marcó ayer la diferencia entre la cultura y los derechos humanos y anunció la participación de Balears en el Comité Interdisciplinar para la erradicación de la Mutilación Genital Femenina en el Estado español.
Santiago recordó los límites de la cultura en el punto en que «comienzan los derechos» y expuso el ejemplo de mutilación de niñas como «hecho cultural», que en España infringe el «derecho a tener una integridad física y con ella una integridad sexual» y reiteró que «la cultura acaba donde comienzan los derechos».
La consellera justificó la participación de las comunidades autónomas en el Comité Interdisciplinario por la presencia de un «colectivo importante de inmigrantes que provienen del Africa subsahariana» en España. Afirmó Santiago que la mutilación es un delito muy grave con posible condena entre seis y doce años de prisión. Por su parte el director de la Dirección General de la Oficina de Defensa del Derecho del Menor (ODDM), Antoni Bennàssar, especificó que si los padres de una menor emplean estas prácticas en su país de origen pueden ser perseguidos una vez que vuelvan al territorio español con la posible privación de la tutela de los padres.
La consellera también destacó que con respeto a la prevención se realiza por parte del Consejo del Poder Judicial un seguimiento «a un número determinado de familias que podrían considerarse de riesgo». Bennàssar ha concretado que el seguimiento se hará sobre sesenta familias en todo el territorio español.
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