El Consell d'Eivissa se planteará aumentar hasta los cien kilómetros por hora la velocidad permitida en algunos tramos de la autovía de Sant Antoni, entre los que se encuentra la zona en la que están instalados los dos radares fijos, una vez que el Govern ceda la titularidad de esta carretera, manifestó ayer el conseller de Mobilitat, Albert Prats.
Por su parte, desde la Conselleria balear de Mobilitat i Ordenació del Territori dijeron que no van a ceder a las peticiones de aumento hasta los cien kilómetros por hora formuladas conjuntamente por la DGT y la Conselleria insular de Mobilitat. Desde Mallorca alegaron motivos de «seguridad» y «medioambientales», un criterio que Prats respeta aunque, dijo, «tal vez nosotros elegiríamos otro».
Por este motivo una vez que el Consell d'Eivissa sea titular de esta carretera, algo para lo que no existe previsión y que aún puede tardar varios años, se estudiará la situación para el posible incremento de los actuales 80 kilómetros por hora hasta los cien.
Años de espera
El traspaso de la titularidad de la carretera de Mallorca a Eivissa está pendiente, dijo Prats, de que se terminen todas las obras que restan de hacer en la autovía, por lo que no se puede establecer una fecha ni siquiera aproximada. Podrían ser años, ya que, por ejemplo, la carretera de Sant Josep, concluida hace más de tres años, todavía es de titularidad del Govern y continúa sin conocerse la fecha en que su gestión pasaría a ser insular.
En cuanto a la impresionante cantidad de multas que los dos radares fijos instalados en la carretera imponen de forma automática cada día desde que se pusieron en funcionamiento nada menos que 123, el conseller de Mobilitat apreció que, aunque «son muchas», «el problema no es de la vía, sino de respetar los límites de velocidad». Según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno en Balears, desde que se pusieron en marcha los dos radares fijos el 12 de diciembre del año pasado hasta el 31 de marzo de este año se tramitaron 5.049 sanciones por exceso de velocidad, una brutal cantidad de dinero que, de continuar así las estadísticas, supondría una recaudación anual mínima superior a los cuatro millones de euros, aunque fácilmente podría ser mucho más.
Desde la Conselleria balear de Mobilitat i Ordenació del Territori aseguraron que el Govern no recibe dinero de las multas impuestas por los radares fijos de la carretera de Sant Antoni, que generan unos 12.000 euros diarios en sanciones, y, por su parte, el conseller insular de Mobilitat, Albert Prats, dijo que «no existe afán recaudatorio por parte de la DGT». La prueba sería, a juicio del conseller, que aunque los radares están instalados desde abril de 2008 no se pusieron en marcha hasta el 12 de diciembre «para no multar tanto» y de esta forma también esperar la respuesta del Govern a la petición de la propia DGT y del Consell d'Eivissa para que se aumentara la velocidad hasta los cien kilómetros por hora, sugerencia que fue rechazada por Palma. Prats, que asegura que no existe «ningún conflicto entre administraciones», dijo que el «criterio [del Govern] es respetable», que apeló a razones de «seguridad» y «medioambientales» para rechazar la petición del Consell d'Eivissa y la DGT.
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