En su primer mes y medio de funcionamiento los radares fijos de la carretera de Sant Antoni han impuesto por exceso de velocidad más de cien multas diarias, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno, que a su vez los recibe del Centro Nacional de Denuncias Automatizadas de Tráfico (Estrada), ubicado en León. Este servicio comenzó en la doble vía de Sant Antoni el 12 de diciembre, y en los 20 días de funcionamiento en ese mes se pusieron 1.449 multas. Al mes siguiente, entre el 1 y el 31 de enero, fueron 3.594. En total, 41 días en los que se interpusieron 5.043 multas, es decir, 123 al día, una ingente cantidad de dinero que la administración ha conseguido tramitar con una gran eficacia, de forma que el plazo de recibo de la sanción es de tan sólo diez días.
Todo esto teniendo en cuenta que por esta carretera han circulado entre el 12 de diciembre y el 31 de enero 226.550 vehículos, una media de 5.525 al día, muy lejos de los datos ofrecidos en diciembre pasado por la responsable de Tráfico en las Pitiüses, Ana García, que dijo que estos mismos radares habían contado, en su periodo de prueba -fueron instalados en abril, a principios de temporada turística- 20.000 vehículos diarios.
La velocidad máxima permitida en la carretera de Sant Antoni es de 80 kilómetros por hora, 70 en el interior del túnel de Sant Rafel. En las dos semanas que estuvieron funcionando a modo de prueba detectaron cuatro vehículos a velocidades de hasta 180 kilómetros por hora, infracciones que son consideradas delito por el Código Penal desde mayo de 2008, según la Delegación del Gobierno. Además, al menos otros cinco conductores fueron cazados por los radares circulando a más de 150 kilómetros por hora.
Los radares están instalados en el punto kilométrico 7,900 en dirección a Vila y en el 9,600 en dirección a Sant Antoni, es decir, cerca de la entrada y la salida del túnel de Sant Rafel. Su presencia está señalizada y es habitual sentir a los conductores pisar el freno cuando se acercan a los radares. Según García, se instalaron en este lugar porque era «el principal punto negro» de la isla. Aunque ya no es así, continúa siendo un punto peligroso, dijo.
En mayo pasado, el Consell d''Eivissa aprobó un informe sobre el proyecto modificado de la carretera de Sant Antoni en el que, entre otras cosas, pedía que se incrementara la velocidad de la carretera de 80 a 100 kilómetros en algunos tramos porque así lo solicitó también la DGT. Al parecer, la petición fue rechazada por la Conselleria d'Obres Públiques aduciendo motivos de seguridad y razones medioambientales.
Entre el 12 de enero y el 31 de marzo los radares de la carretera de Sant Antoni han impuesto multas por un mínimo de 504.300 euros, haciendo el cálculo con la sanción mínima, que es de cien euros (en el caso de que se circule a más de 80 y a menos de 100) y sin contar el descuento del 30% por pagar rápidamente. Si finalmente no se permite aumentar la velocidad a 100, los radares de Sant Antoni podrían recaudar un mínimo 44 millones de euros al año (la cantidad podría ser fácilmente mucho mayor), en el caso de que estadísticas continúen como hasta ahora, es decir, con 123 multas cada día.
Las sanciones que derivan de los excesos de velocidad detectados por los dos radares fijos de la carretera de Sant Antoni se tramitan de forma automática a través del Centro Estrada. El Centro Nacional de Denuncias Automatizadas de Tráfico (Estrada) entró en funcionamiento en marzo de 2008. Este sistema permite agilizar los procesos de gestión de las sanciones, de forma que reduce el plazo de recibo a tan sólo diez días. El objetivo de este centro, que tiene su sede en la localidad leonesa de Onzonilla es aligerar los procesos de tramitación de multas y la notificación al infractor. Este centro está conectado mediante fibra óptica a los 500 radares fijos dispuestos en las autovías y autopistas de todo el país. «Estrada va ha hacer las carreteras mucho más seguras», dijo el director general de Atos Origin, Diego Pavía, una de las empresas que logró el contrato.
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