La promotora de Ca ses Castellones defiende la legalidad de sus locales

Vicent Tur Mayans, administrador mancomunado de Plaça Sant Ferran, S.L., la empresa promotora de los locales comerciales en el solar que antes ocupaba Ca ses Castellones, defendió ayer la legalidad de las acciones de esta empresa mediante un comunicado. «Para la edificación de dicho proyecto, la sociedad obtuvo a tal fin, todas las preceptivas autorizaciones y licencias de demolición y construcción del Ayuntamiento de Formentera como del Consell Insular de Ibiza y Formentera (previo informe favorable de la CIOTUPHA), licencias que se otorgaron con todos los informes técnicos favorables».

En segundo lugar la promotora quiere dejar claro que la sentencia del TSJB del pasado 4 de febrero, anula la licencia por interpretar y aplicar el artículo 37,2º de la LPHIB, cuya interpretación «es aplicable desde la publicación en el BOE del 7.06.96, en el que se publicó la resolución del CIEF para la declaración de BIC's con la categoría de conjuntos histórico-artísticos de las iglesias y núcleos rurales de Ibiza y Formentera, con un radio de 250 metros desde el centro de cada una de las iglesias» y en este sentido Plaça Sant Ferran, S.L. considera que aplicando dicha sentencia «la inmensa mayoría de licencias otorgadas en sus municipios son nulas y tampoco se podrán otorgar más», subrayando que estas medidas afectan a la práctica totalidad de los núcleos de Sant Ferran, Sant Francesc y el Pilar de la Mola.

Tur Mayans señala que tras las declaraciones vertidas por el arquitecto Salvador Roig, que es quien ha conseguido una sentencia favorable del TSJB contra los locales comerciales de Ca ses Castellones, debería plantearse que débe pasar con las viviendas de protección oficial diseñadas por él en Sant Francesc y que están a 130 metros de la iglesia y que según la promotora altera igualmente los parámetros de edificabilidad, en clara referencia al artículo 37, 2º de la LPHIB. Finalmente y en otro ámbito, Plaça de Sant Ferran afirma estar en posesión desde hace 40 años del título de propiedad de la finca donde se han construido los locales comerciales, circunstancia esta que, no obstante, aún está por dirimir en los tribunales.