La agrupación Eivissa pel Canvi (ExC) presentó ayer una Proposición No de Ley que elevará al pleno del Parlament balear para demandar un «impulso y compromiso en el transporte público de Eivissa, Menorca y Formentera», ya que, según expuso la diputada, Marian Suárez, el principal problema al que se enfrentan las Islas a la ahora de establecer políticas en este ámbito es la falta de dinero, debido a que esta competencia, transferida a los consells insulares desde 1999, «está muy mal dotada».

Suárez explicó que «aunque es cierto que hay mejoras económicas puntuales» es preciso que se revise la financiación de las instituciones insulares y se «renegocien antes de que termine la legislatura». Por ello, demandará que «hasta que se consolide esta propuesta» se destinen partidas concretas de los presupuestos de la Comunitat Autònoma para conseguir este cambio en materia de movilidad.

Por su parte, el conseller de Mobilitat, Albert Prats, apuntó que «el problema más grave es que la financiación del Consell d'Eivissa es muy deficiente y cuando se apunta al Govern dice que sólo tiene la gestión sobre el transporte de Mallorca», la única competencia que no se transfirió a diferencia de Eivissa, Menora y Formentera. «Por lo tanto, el Govern balear, con su capacidad maniobra y presupuestaria, lo que hace es trabajar básicamente en Mallorca», destacó el conseller para quien «tampoco sirve como modelo de funcionamiento tener que batallar cada año, porque no permite hacer políticas de planificación».

Por último, Prats indicó también que esta problemática es una herencia de la legislatura pasada «cuando sólo se potenció el transporte privado».

El conseller de Mobilitat, Albert Prats, aseguró que el modelo de gestión del transporte público de la pasada legislatura obliga a «partir prácticamente de cero» no sólo por cuestión de infraestructuras, como por ejemplo la carretera al aeropuerto, que «se ha proyectado sin paradas de autobús», sino también por problemas estructurales en el ejercicio de la competencia del Consell. Según explicó, las transferencias se hicieron en 1999 con una dotación mínima de personal, de cinco personas, y económica, de 180.000 euros.