Los empresarios de la construcción consideran que las medidas contempladas dentro del Fondo Estatal de Inversión Local anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pueden suponer «un rayo de sol tenue» en el sombrío panorama del sector siempre y cuando las obras públicas que se ejecuten puedan llevarse a cabo sin tener que ser paralizadas a las pocas semanas por las ordenanzas municipales que prohiben los trabajos en temporada turística.
«Si realmente los plazos son tan ágiles como se dice y los propios ayuntamientos no se eternizan en la tramitación de los permisos, las primeras obras podrían empezar a ejecutarse a finales de marzo o principios de abril», aseguró ayer en Eivissa Manuel Gómez, director general de la Asociación de Constructores de Balears (ACB). «Lo que nos preocupa es que, si los consistorios no consideran estas obras de interés público y aplican las ordenanzas de paralización sin buscar un punto de encuentro, abril está muy cerca del verano y no tendría sentido hacer una norma para sacar a gente del paro cuando al poco vas a tener que suspender los trabajos y devolverlos al SOIB», añadió.
El también presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Balears pide que se tenga un criterio elástico a la hora de aplicar las restricciones de actividad y que se busque un «punto de encuentro». «Es necesario que se aplique la declaración de interés público dependiendo del tipo de obra y de lugar. Obviamente, a ningún constructor se le pasa por la cabeza hacer una demolición en agosto junto a un hotel», explicó. Gómez, que propuso que se establezcan horarios libres de horas en función del ruido generado por los trabajos, advirtió que si no se recogen las medidas que proponen, se corre el riesgo que la iniciativa «no sirva para generar empleo», al tiempo que consideró que «se podría dar el caso de que no se pudieran ejecutar las obras y quizás se perderían las ayudas».
Efecto perverso
El representante de los constructores señaló que, hasta que no se conozcan todas las actuaciones municipales que se abordarán, no puede aventurar cuanto empleo se podrá generar, aunque considera «que en los primeros cuatro o cinco meses del año se seguirán sumando desempleados a los 14.000 que ya tiene el sector en Balears».
A este respecto, Gómez advirtió que los proyectos de obra pública municipal «tienen un lado aparentemente positivo que puede convertirse en negativo». «El decreto que regula el Fondo Estatal dice que los Ayuntamientos deben ponderar la creación de empleo a la hora de puntuar las ofertas de las empresas que se presentarán al concurso. Los consistorios deben valorar este punto pero hay que tener cuidado porque eso puede ser un agravio comparativo si se dan más puntos a una empresa con menos personal que ha despedido a un montón de plantilla que a otra que en los años de bonanza ha ido saneando sus cuentas y hace un esfuerzo por mantener su plantilla», explicó.
Gómez apuntó que las obras del Fondo Estatal traerán a Balears 180 millones de euros (22,5 a las Pitiüses), «un 23% de lo que necesitarían en un año las empresas dedicadas a la obra pública». Con todo, aseguró que «si sus efectos se acompañan del Plan Renove, y dependiendo de cuándo se ponga en marcha, pueden salvar la situación». «Ahora, si el Plan Renove no se pone en marcha hasta octubre o noviembre, tendrá poca incidencia», matizó.
Otro elemento que puede aliviar la situación de crisis de la construcción es el nuevo Plan de Vivienda que se pondrá en marcha en 2009. Esta iniciativa puede jugar un papel importante en la reactivación «si las entidades de crédito lo apoyan y abren la financiación».
En opinión de Gómez, el nuevo plan fomenta más las viviendas en alquiler en régimen de compra, «por lo que el usuario final no tiene que buscar financiación, sólo el promotor».
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