El Ayuntamiento de Sant Josep dará tres meses a los propietarios de la mansión ilegal de Puig d'en Serra (es Cubells) para que derriben la casa. En caso de que no lo hagan, será el Consistorio el que procederá a su demolición, pasándoles posteriormente la factura.
Sobre esta construcción pesa una sentencia judicial firme, ya que la vivienda fue construida a 330 metros de altitud e infringía numerosas normas. El proyecto presentado ayer cifra su derribo en 142.919 euros.
La vivienda cuenta con 529 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles y un volumen de 1.588 metros cúbicos. Se ha construido un centenar de metros más de lo que recoge la licencia, pero se va a derribar entera porque la sentencia deja clara la ilegalidad del permiso que otorgó en su día el Ayuntamiento de Sant Josep. De hecho, el anterior alcalde, José Serra Escandell, fue juzgado por este caso y absuelto porque el delito de prevaricación había prescrito.
En el proyecto de demolición se contempla la retirada de todos los fundamentos y espacios exteriores de la vivienda y además incluye la retirada de todos los residuos y la recuperación paisajística del entorno y la topografía del terreno.
La casa se desmontará elemento por elemento e incluso se aspirará el polvo que genere esta operación. La demolición de la mansión en sí cuesta 103.535 euros, aunque hay que sumarle el IVA, el transporte de áridas (38.000 ?) y la repoblación vegetal (25.000 euros).
Durante todo el proceso, el Ayuntamiento tiene que ir informando a los Juzgados de los pasos que va dando. «Tenemos la voluntad clara de cumplir todos los pasos reglamentarios pero sin dilatar el proceso ni pararlo, por lo que podemos decir que a esta casa le quedan unos meses», dijo el concejal de Urbanisme, Josep Antoni Prats.
El concejal de Urbanisme explicó que no tienen miedo de la posible reclamación de indemnización de los propietarios. «En el caso Cretu había unos informes y por eso reclamarán, pero aquí es diferente porque se dio la licencia en contra de los informes técnicos», dijo Prats, que añadió que en todo caso se tendrían que repercutir los costes en los concejales que dieron esa licencia. El regidor confirmó que en su día los propietarios hicieron una reclamación patrimonial, aunque recordó que la obligación del Consistorio es cumplir las sentencias. «Queremos cumplir con la legalidad urbanística porque son demasiados años de incumplimientos e inseguridades», añadió Prats.
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