La Conselleria d'Obres Públiques del Govern balear ya está preparando la documentación que le ha pedido el juez sobre las expropiaciones que se hicieron a empresas del Grupo Matutes durante la construcción de la autovía al aeropuerto.

Esta petición del Juzgado se hace a raíz de una denuncia presentada por la Plataforma Antiautopista ante la Fiscalía y en la que se explica que el Grupo Matutes podría haber participado en un presunto 'pelotazo' al ser valoradas sus fincas como urbanas cuando según los antiautopistas eran rústicas.

El Govern, entonces en manos del Partido Popular las refleja como urbanas, tal y como queda constancia por escrito en una respuesta parlamentaria de la pasada legislatura. De esta forma, el Ejecutivo de Matas podría haber pagado por ellas 150 euros el metro cuadrado y no ocho, lo que podría haber permitido a Empresas Matutes engrosar sus cuentas en seis millones de euros, todo según los antiautopistas. En ese momento la consellera insular de Vies i Obres era Stella Matutes, con lo que consideran que se tiene que investigar si es posible que se cometieran delitos como tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios o estafa.

La Fiscalía pidió al magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 Juan Carlos Torres que solicitara al Govern documentación sobre a qué persona se hizo el pago y los criterios seguidos para la concreción del valor de estas fincas. Además, solicitó que se identifique al titular de las mismas.

El juez ya cumplido el mandato del fiscal y ha requerido a la Conselleria. De todas formas, fuentes del Govern explican que el valor que se otorgó a las fincas de la autovía también se revisará en la auditoría sobre las autovías que se adjudicará a una empresa externa.

En su día el Grupo Matutes defendió que una de estas fincas, la de Can Bonafè, era urbana, pese que la compraron a precio de rústico.

El Govern comenzó en septiembre las reuniones con los expropiados de las carreteras de Sant Antoni y el aeropuerto para llegar a un acuerdo final con ellos. En ese momento se logró el consenso con propietarios de 28 fincas por un valor de 550.900 euros. Ahora se va a llevar a cabo una nueva cita a finales de mes porque no todos los dueños se presentaron en un primer encuentro. De hecho, es probable que el acuerdo final de expropiación de los terrenos de Empresas Matutes no se haya podido cerrar todavía.

En la primera tanda de citaciones se citó a 147 propietarios, aunque sólo se presentaron 93, un 65%.