El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) prevé abonar este año entre dos y tres millones de euros a los trabajadores de Balears afectados por las insolvencias de las empresas, manifestadas a través de los concursos de acreedores, tanto voluntarios (antiguas suspensiones de pagos), como necesarios (quiebras). La mayoría de esos procesos judiciales los han iniciado en las Islas empresas del sector de la construcción.

Ese organismo estatal garantiza a los trabajadores la percepción de los salarios, indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral pendientes de pago. Sólo hasta el pasado mes de junio, el Fogasa había abonado 1,1 millones de euros en concepto de insolvencias, según los datos oficiales.

Un portavoz del Fogasa confirmó ayer a este diario un aumento de los expedientes que tramitan en Balears, y que las previsiones apuntan a un incremento «considerable» de las cantidades que abonan debido al aumento de los concursos de acreedores y de las insolvencias de los empresarios. Hasta ahora, Balears era una de las comunidades que menos dinero recibía del Fogasa, un apartado que lideran Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Pero, las decenas de expedientes que en las próximas semanas resolverán los jueces de lo Social y Mercantil elevarán las cifras de prestaciones a los trabajadores (indemnizaciones, pagos de salarios, regulaciones e insolvencias) hasta límites desconocidos hasta ahora en esta comunidad.

En todo el Estado, y hasta junio de este año, ese organismo estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo había destinado 201,4 millones de euros al pago de prestaciones, lo que supone un aumento del 8,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2007, según el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL).

El incremento del desempleo en Balears también repercutirá de forma directa en el aumento de las cantidades de dinero que aportará el Fogasa en concepto de indemnizaciones o insolvencias en Balears. La cuantía de la indemnización a cargo de ese organismo estatal en los casos de despido asciende al importe de 25 días por cada año trabajado, con algunos límites.