El empresario Fernando Ferré ha iniciado los movimientos para conseguir reducir al mínimo la posible condena por los supuestos delitos contra el derecho de los trabajadores y la seguridad laboral de los que viene siendo acusado desde que en febrero de 2006 la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo descubrieran a decenas de trabajadores extranjeros ocupados ilegalmente en las obras de remodelación de los hoteles S'Estanyol y San Remo de Cala de Bou.
El propietario de la cadena hotelera Grupo Playa Sol (GPS) ha abonado 6.000 euros en concepto de indemnización a cada uno de los alrededor de 20 trabajadores que sufrieron los supuestos abusos laborales y que se habían unido para conformar la acusación particular.
Fuentes conocedoras de primera mano de las negociaciones aseguran que el pago de los alrededor de 120.000 euros ha cubierto las demandas recogidas por la abogada de los denunciantes en su escrito de acusación.
Dos años menos
Las mismas fuentes explicaron que el abono de estas cifras no supondrá que los afectados retiren las acusaciones contra Ferré, pero sí que provocará que la letrada solicite que se le aplique el atenuante de reparación del daño respecto al cargo de delito contra el derecho de los trabajadores.
De igual forma, fuentes de la Fiscalía aseguraron que también pedirán que se le aplique una rebaja por el mismo concepto. Aunque no se ha fijado todavía la cuantía en que se podría recortar la solicitud de pena, fuentes judiciales apuntaron que se podría pasar de los cinco años solicitados ahora a sólo tres.
La reparación del daño sólo sería aplicable al delito contra el derecho de los trabajadores, no así a la vulneración de la legislación en materia de riesgos laborales (por la que también denuncian el Ministerio Público y los afectados), ni por el supuesto delito de amenazas, por el que será procesado a instancias de la Fiscalía.
Estas dos imputaciones le podrían suponer cinco años más de cárcel (tres por la infracción de la normativa de seguridad y dos por la coacción). En total, Ferré podría ser castigado hasta con ocho años de prisión. Algunas fuentes ya han apuntado que el empresario hotelero podría estar planteándose el reconocer su culpabilidad y podría buscar un trato con las acusaciones. Desde la Fiscalía de Eivissa negaron ayer que el representante legal de Ferré haya iniciado este proceso de contactos.
El Consell d'Eivissa ha ejecutado tres órdenes de embargo por un total cercano a los 8.000 euros por infracciones cometidas en 2007 por la sociedad Puñet-Pujol, propiedad de Fernando Ferré, según publicó el BOIB el viernes.
La cifra de mayor cuantía cobrada por el Consell, 5.753 euros, es parte de una sanción por infracción muy grave en materia de turismo impuesta a la empresa por irregularidad en el hotel Marco Polo de Sant Antoni, señalaron fuentes insulares.
Los motivos del expediente eran no disponer del servicio de comedor principal, no tener servicio telefónico y ofrecer una oferta de alojamiento sin haber comunicado el cambio de titular a la Administración.
Respecto a las sanciones por transporte, una de ellas es de 1.855 euros porque un vehículo de la empresa no consiguió la autorización previa para su actividad, mientras que la otra son 261 euros por transportar basuras sin el distintivo y la tarjeta de transporte correspondientes.
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